Sin avances en la expropiación de los predios donde funciona la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer, gestionada por sus trabajadores y ejemplo entre las empresas recuperadas en la Provincia de Buenos Aires, esta semana se llevó adelante una audiencia ante el Juzgado Civil y Comercial N°12 de Mar del Plata, a cargo de Andrea García Marcote, luego de la cual *se encendió la preocupación sobre el futuro*.
Es que la sindicatura a cargo del proceso de quiebra intenta cobrar, en concepto de «alquiler», un canon que para la Cooperativa resulta «impagable». Es por eso que las y los trabajadores de la empresa recuperada permanecen en alerta ante lo que es, hoy por hoy, su base fundamental para el sostenimiento de una actividad económica signada por *la calidad y la articulación social*.
Pese al paso de los años, y tras la sanción de la Ley 14.663 en 2014 que declaró de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles con sus instalaciones y maquinarias de Mar del Plata y Tandil, el proceso de expropiación nunca terminó por concretarse por parte de la Provincia y tampoco terminó por ser convalidada por la Legislatura bonaerense -sólo tuvo media sanción- la ley que buscó prorrogar la norma por otros cuatro años.
Esta falta de definiciones en lo que hace a la expropiación hace que la empresa recuperada se mantenga nuevamente en alerta y con la reiteración de un conflicto que afecta directamente uno de los activos de cualquier empresa: la previsibilidad. «Empezamos de nuevo con la rutina y la pelea como sucede hace 10 años», lamentó al respecto Fabio Pandiani, presidente de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer.
«La sindicatura nueva tomó una posición de un canon locatario por haberse caído la ley de expropiación y la prórroga de la misma porque no se votó en Diputados», explicó y detalló que existe una ley sancionada en abril por medio de la cual se declaró la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio bonaerense por un año y suspendió durante ese período «todas las acciones judiciales, trámites y/o diligencias, en el estado en que se encuentren, que tengan por finalidad ordenar y/o ejecutar el desalojo de empresas recuperadas», aunque la sindicatura y la jueza sostienen que no incluye la cuestión locataria.
«La sindicatura pretende que paguemos un canon locatario muy elevado para la situación de la cooperativa que podría hacer peligrar nuestro proceso económico y lo que venimos trabajando por el crecimiento de los puestos de trabajo, la calidad de la producción y la vinculación social», advirtió e incluso sostuvo que la Cooperativa propuso que ese pago sea a cambio de la compra de los predios, pero lo rechazaron.
«Vienen avanzando bastante fuerte y eso nos preocupa», alertó Pandiani y remarcó: «Estamos haciendo un trabajo genuino y tenemos que dar pelea nuevamente en algo que nos da impotencia porque nosotros hoy podemos generar muchas más cosas en este contexto económico del país», añadió el presidente de una de las empresas recuperadas y cooperativas reconocida a nivel provincial y nacional.
En ese sentido, planteó que más allá de su crecimiento económico y cómo podría impactar el canon en ello, la estructura de la cooperativa va más allá, porque también impulsa un importante proyecto social que incluye, entre numerosas iniciativas, contar con una escuela y un bachillerato popular para la finalización de estudios, además de estar en permanente trabajo coordinado con movimientos sociales y diversas dependencias y estamentos del Estado.