Organismos de derechos humanos de Mar del Plata solicitaron a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el “licenciamiento urgente en sus funciones” del fiscal general de Mar del Plata Fabián Fernández Garello, implicado en delitos de lesa humanidad.
«Enviamos una carta abierta dirigida al Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, Eduardo De Lázzari, para que con celeridad licencie de sus funciones a Fabián Fernández Garello de su rol de fiscal General de Mar del Plata», dijo a Télam el referente de organismos de derechos humanos de Mar del Plata, Ariel Muñoz.
El dirigente indicó que «se ha confirmado de manera firme el proceso de enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad» y agregó que «ante tal presunción de un delito tan grave hay una clara incompatibilidad en todo sentido de seguir al frente de tal responsabilidad como Fiscal Federal General».
“Hoy las víctimas, las familias y toda la sociedad aguardan las decisiones que usted tiene que tomar para que el exagente de inteligencia, miembro del aparato represor que aniquiló 30 mil vidas pueda ser juzgado sin ejercer durante el tránsito de esta situación su cargo, el que lo pone paradójicamente al frente desde la justicia, de la política criminal de nuestra región”, dice la carta dirigida a De Lazzari.
«Esperamos una respuesta de la Justicia en favor del sentido común, para que un presunto criminal de lesa humanidad no sea al mismo tiempo nuestro Fiscal General”, agrega la misiva que lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de Familiares de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
El Juzgado Federal 2 de San Martín elevó la semana pasada a juicio la causa por el secuestro y torturas de tres militantes comunistas, en 1981, en la que están imputados siete ex agentes de inteligencia, entre ellos, el actual fiscal general de Mar del Plata, Fernández Garello.
El actual fiscal general fue denunciado en 2016 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y una decena de organismos de derechos humanos.
En ese momento, se presentaron ante la justicia documentos de inteligencia del archivo de la Dippba que demostraban la participación del fiscal en este hecho que llega a juicio y otras acciones de la represión ilegal.
Sólo entre 1978 y 1982 participó en al menos 17 actos de inteligencia en el marco de las acciones persecutorias y represivas que fueron constitutivas del terrorismo de Estado. (Télam)