La sombra de la arbitrariedad y la falta de transparencia vuelve a cernirse sobre el urbanismo de Mar del Plata. El eje de la polémica es Ricardo Rodríguez, ex Director de Ordenamiento Territorial de General Pueyrredón, cuya trayectoria quedó bajo la lupa tras una reciente denuncia penal por usurpación de título realizada por la ONG Mirada Ciudadana.
Lo que hoy genera indignación entre los vecinos es la aparición de una nueva evidencia de «doble vara» técnica que beneficia a grandes desarrolladores mientras castiga a los marplatenses particulares en la misma manzana.
La historia se remonta a 2015. Sonia Castelletti, propietaria de un histórico chalet de Alula Baldassarini en el barrio Stella Maris, solicitó autorización para ampliar su garage en apenas 11 metros cuadrados. La reforma buscaba mejorar la seguridad de su marido y facilitar la movilidad.
La respuesta de la Dirección de Ordenamiento Territorial, entonces a cargo de Rodríguez (Expediente 156-5-1938), fue un «no» rotundo. El dictamen sostenía que la mínima obra era una «alteración volumétrica» inaceptable para un conjunto de «marcada identidad marplatense». Bajo esa rigurosidad, el Estado impidió que una familia protegiera su vehículo; meses después, el matrimonio sufrió una violenta entradera al quedar expuestos en la vía pública.
La metamorfosis del consultor
Nueve años después, el rigor patrimonial de Rodríguez parece haberse disuelto. En 2024, actuando como consultor privado para la empresaria Florencia Miconi, el mismo Rodríguez firmó el informe técnico que avala una torre de 128 metros de altura y 35 pisos en la zona de La Robla.
Donde antes veía un «fragmento urbano a proteger» que no toleraba 11 metros de ladrillos, hoy Rodríguez encuentra justificaciones para levantar casi 40.000 metros cuadrados de cemento.
El entramado suma al abogado José del Cerro. En 2015, Del Cerro envió una carta documento a la familia Castelletti amenazando con acciones legales si avanzaban con un muro divisorio de solo dos metros. Hoy, el mismo abogado aparece como socio del emprendimiento de la megatorre, beneficiándose de la flexibilidad normativa que su antiguo «adversario» técnico, Ricardo Rodríguez, ahora promociona desde el sector privado.
Recordemos que semanas atrás, el escándalo en torno a Ricardo Rodríguez sumó un capítulo judicial de gravedad institucional: fue denunciado penalmente por el delito de usurpación de título. Según lo informado oficialmente por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito IX), Rodríguez no se encuentra habilitado para ejercer la profesión de arquitecto desde el año 2011.
Esta situación pone en jaque la validez de los informes técnicos y dictámenes urbanísticos que ha firmado en la última década, tanto en su rol de funcionario público en la Dirección de Ordenamiento Territorial como en su actual desempeño como consultor privado para grandes desarrollos inmobiliarios.