Más de 30 familias ocupaban un terreno de cuatro hectáreas en la ciudad de Mar del Plata, en reclamo de «un lugar para poder vivir», y el Municipio dijo que se trata de «un delito» y pidió la intervención de la fiscalía especializada en usurpaciones, que convocó a una audiencia de mediación, indicaron fuentes judiciales y comunales.
La toma se produjo en un predio ubicado en el barrio Las Heras, en la zona sudoeste de la localidad balnearia, a 500 metros del lugar donde cuatro meses atrás fue desactivada la ocupación de un lote municipal, tras una orden de desalojo.
Algunas familias comenzaron a acercarse desde la última semana al predio, en avenida Fortunato de la Plaza entre Vignolo y Olazar, y en la mañana de este jueves empezaron a instalarse con casillas y carpas, y a delimitar el terreno en parcelas de 13 metros por 20, con cuerdas, mojones y postes.
«Solo buscamos un lugar donde vivir. No hay forma de alquilar una vivienda y somos muchas familias que necesitamos un espacio donde poder instalarnos», dijo en diálogo con Télam una de las participantes de la toma, en el extremo sur del predio.
La ocupación fue denunciada ante el Municipio por vecinos de la zona, y autoridades comunales pidieron la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción 12 (UFI 12), especializada en usurpaciones, a cargo del fiscal Juan Pablo Lódola.
El intendente, Guillermo Montenegro, aseguró que «tomar un terreno es un delito», y pidió que «la intervención de la Justicia pueda frenar estas acciones».
«No hay reclamo que justifique un delito. Ni un corte de calle, ni la violencia, ni la toma de terrenos. Sé que muchos vecinos tienen miedo, y sé del esfuerzo que conlleva tener una casa propia», expresó Montenegro a través de sus redes sociales.
Fuentes judiciales indicaron que un hombre denunció en la Comisaría 16ta que era el propietario del lugar ocupado, pero quienes participan de la toma expresaron su desconfianza sobre la titularidad del predio.
«Esto llevo más de 40 años hecho un basural, y hasta donde sabemos el dueño falleció. Si aparece alguien con los papeles, nosotros obviamente que nos vamos, pero que no venga cualquiera a decir que es de él y querer sacarnos», dijo Camila, una joven que participa de la toma.
Fuentes municipales indicaron que seguían «de cerca» la situación en el lugar, y que se realizó una relevamiento en el terreno, donde fueron contabilizadas al menos 30 familias, con la presencia de decenas de niños.
La UFI 12 convocó por otra parte para mañana a una audiencia de mediación, prevista en el protocolo que establece la Suprema Corte de Justicia provincial para intervenir ante grupos vulnerables, antes del dictado eventual de alguna medida cautelar como un desalojo.
En noviembre último, se produjo una toma en un predio municipal ubicado a unos 500 metros, que se desactivó de manera pacífica, luego de que la justicia de Garantías ordenara el desalojo por tratarse de un terreno inundable, utilizado por Obras Sanitarias Sociedad de Estado como reservorio en caso de lluvias. (Telam)