El reclamo no es nuevo, pero se actualiza ante la preocupación por los plazos que se acortan. La ley de expropiación del ex prostíbulo Casita Azul fue sancionada en abril de 2014 y solo resta un año para que caiga en abstracto si el trámite no se concreta.

Por esto, desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata/Batán convocaron a diputados y senadores provinciales de la ciudad para aunar esfuerzos con un objetivo concreto: que el lugar donde fueron explotadas sexualmente decenas de mujeres se convierta en un espacio de prevención, para que no haya más víctimas del sistema prostibulario.

En concreto, es necesario que el Poder Ejecutivo provincial finalice el trámite de expropiación. El tiempo trascurrido implica la realización de una nueva tasación del inmueble, dado que había sido hecha en 2015 y es necesaria su actualización.

En una reunión realizada días atrás en la delegación marplatense de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires estuvieron presentes los diputados Alejandra Martínez y Juan Manuel Cheppi, además de una de las asesoras del senador Lucas Fiorini. Hubo otros legisladores que manifestaron su imposibilidad de llegar, pero hicieron llegar su preocupación con la temática. Por la Mesa, hubo representantes de distintos espacios políticos, organismos sociales y de Derechos Humanos y la concejal Cristina Coria.

En el momento se redactó y firmó una nota y se formalizó la consulta ante el Defensor Guido Lorenzino. También se presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados provincial, a través del cual se requirió conocer en qué dependencia y estado administrativo se encuentra el expediente; qué motivos impiden la concreción de la

expropiación y qué acciones está desarrollando el Poder Ejecutivo para su finalización.

En el plano local, se presentó una nota al intendente Carlos Arroyo. En la misma, Coria, como concejal e integrante de la Mesa, consultó si hubo novedades o nuevas gestiones después de la nota que el propio jefe comunal enviara a la gobernadora en septiembre de 2016 para agilizar la conclusión del trámite de expropiación, y solicitó -en caso que no las hubiera- reiterar las gestiones.

El accionar de la Justicia permitió la clausura del lugar diez años atrás y la condena por trata de personas para quienes explotaron sexualmente a decenas de mujeres. La casa, situada en el corazón del barrio La Perla de Mar del Plata, a metros del Espacio Unzué, estuvo abandonada desde entonces. Fue tomada por familias sin vivienda en algunas oportunidades y sufrió dos incendios. Ante ello, desde la Mesa se solicitó en varias ocasiones al Municipio su limpieza y desratización, además de tapiar las entradas y ventanas.

Lo cierto es que su actual estado de abandono significa un problema para el barrio donde se emplaza, dado que está en pésimas condiciones sanitarias.

A fines de 2017, ante el intento de venta por parte de una inmobiliaria loca, la Mesa llevó adelante una acción frente al inmueble en la que se colocó un letrero que aclara que el lugar “no se vende”.

“Entendemos que Mar del Plata es una ciudad que ha dado importantes pasos en la lucha contra la trata de personas, que es modelo para otras localidades en este sentido. El compromiso de la sociedad, que fue de la mano con el accionar de la Justicia Federal -que permitió 27 condenadas, liderando el ranking en el país-, permitió desnaturalizar la comercialización de personas. El trabajo de prevención que nos ocupa desde nuestra constitución en 2012, sumará un paso clave cuando se concrete la expropiación de Casita Azul y se cumpla con su cometido tanto en el plano simbólico como en el práctico, inaugurando un espacio de reflexión y lucha contra la trata de personas”, sostuvieron desde la Mesa.