Por: Roberto Garrone
Redactado pero no firmado, Nacho Torres pidió que el Decreto que desestima el recurso administrativo presentado por Red Chamber contra la rescisión del contrato de locación por los bienes de la ex Alpesca que en el verano había anunciado el Secretario de Pesca, se publique en el Boletín Oficial a partir del jueves próximo.
El Gobernador busca resolver la continuidad productiva de la flota y la planta de Madryn antes que comience la temporada de langostino en aguas provinciales. O mejor dicho, antes de las elecciones de octubre donde plebiscita su gestión. El panorama no es muy alentador: por estos días, según algunas encuestas, su candidata, Ana Clara Romero, marcha en un incómodo tercer lugar.
Pese a que todos lo niegan, el número puesto para hacerse cargo de los bienes que poco cuidó Marcelo Mou es la española Profand, empresa líder del negocio pesquero desde su sede central en Vigo.
De este lado del Atlántico su representante es Roberto Crespo y corporiza sus activos e intereses en “Pesquera Santa Cruz”, armadora de buques tangoneros congeladores y poteros, la planta “Consermar” en el Parque Industrial de Trelew y un costero en Rawson.
Al punto está acordado en las sombras el traspaso que hay un documento, redactado por Diego González Lernou, reconocido asesor letrado de empresas pesqueras y consultor de CAPIP. Quienes tuvieron acceso a su contenido aseguran que se parece más a un contrato de arrendamiento que a una carta de intención. Y que a Torres lo entusiasmó la idea de extender las inversiones a la nueva zona franca de Trelew.
En Red Chamber todavía se ilusionaban con la suerte de la adenda realizada al contrato original. Lo pedí esta semana pero no me lo mandaron. Los que la vieron revelan que dan por cumplido todos sus compromisos y elevan el canon mensual a 15 mil dólares.
“Nacho (Torres) la leyó y le pareció una vergüenza. Se agotó la instancia de negociación. Quiere que se vayan”, confió un allegado al Gobernador, ayer por la mañana.
La amenaza de una intromisión del gobierno de Estados Unidos por la surte de Red Chamber ya fue descartada por la administración provincial. La carta del CEO de Red Chamber Group Co al Gobernador esta semana pareció un gesto desesperado.
En la Provincia rechazan hasta lo primero que dice Ming Bin Kou en la misiva: que la empresa que conduce Mou es una “filial de propiedad total de de Red Chamber Co USA”. “Eso no consta en la Inspección General de Justicia”, refutan y exponen una reseña del Informe del Comité de Administración de Alpesca elaborado a principios de este año.
“Aún Red Chamber Argentina S.A. es una sociedad creada y registrada en la Ciudad de Rawson, cuyo accionista principal es el Sr. Mou You Shon… sin que exista vinculación legal alguna con la firma Red Chamber Co. de Estados Unidos. Se adjunta a la presente copia obrante en la Inspección General de Justicia del legajo de la empresa (ex Adalia S.A.)”.
Hace tres meses Torres mantuvo una entrevista con el cuerpo diplomático de Estados Unidos en Argentina y expuso la situación. “No van a mover un dedo por una empresa que no cumplió ni respetó el plan de inversiones. Así fuera americana”, resumió otra fuente próxima al Gobernador.
En Pesca refutan cada palabra de Kou en la carta a Torres. No promovió el empleo local porque tiene menos trabajadores que los que tenía Alpesca, menos de los que dice tener y lejos de los mil que se comprometió en una segunda etapa de un plan de inversiones que nunca llegó.
Tampoco promovió la sostenibilidad ambiental porque nunca llevó adelante el plan de disposición final con los barcos inactivos y mucho menos llevó adelante un “cumplimiento riguroso” de las obligaciones contractuales porque de los siete permisos que se le otorgaron, en 10 años solo utilizó tres y hubo que hacer malabares para conservar la cuota en manos de la Provincia.
Cerca de Arbeletche no imaginaban un terreno fangoso tras la publicación del Decreto que desaloje a Mou de los bienes provinciales. Puede fallar… en las últimas horas se conoció la denuncia por “espionaje” que presentó Red Chamber en la justicia federal.
Sostienen que una delegación de Profand visitó sus instalaciones encubiertos en una comitiva del Tribunal de Tasación. En Madryn cuentan que los tipos vinieron a ver en persona los futuros nuevos activos de la empresa. Y a alguien no se le ocurrió mejor idea que disfrazarlos de empleados públicos cuando hablaban en un tono más gallego que Fernando Alvarez.
Hasta ese momento habían orquestado un avance mediático para exponer a Mou como todo lo que está mal en la industria. No fue casualidad que hayan salido estos días desde Luis Nuñez del STIA, hasta Gustavo González, presidente de la CaFACH, cuestionando su falta de inversiones.
Para tranquilidad de José Bellorini, Miguel Bustamante, Deborah Lichtmann y Fernando Buján, todos abogados de Mou, parece que trabajo no les va a faltar en las próximas semanas para intentar conservar los bienes.
En la Provincia amenazan con demandar a Mou por la deuda en el pago del canon –sostienen que sólo abonó el año pasado, 300 mil pesos por mes-, y tratarán de desactivarlo con los recursos administrativos: que caigan los permisos de pesca de lo poco que tiene operativo y todas las habilitaciones de SENASA para limitar el movimiento de la materia prima.
Se vienen días de acusaciones cruzadas en tribunales y mediáticas. Lo que debería garantizarse Torres es que los trabajadores no sientan el impacto en sus bolsillos del cambio de conducción.
Espalda financiera para hacer frente a las primeras semanas de incertidumbre, Profand tiene de sobra. El año pasado facturó 1009 millones de euros. Más de la mitad de lo que exportó la pesca argentina.
En Mar del Plata, lejos de contar plata, se cuentan obreros del pescado que quedan en la calle, mientras florecen viejas tensiones nunca saldadas entre las propias cámaras patronales que representan a las empresas del sector.
Más cerca de su fecha de vencimiento que el de origen-, el acuerdo que posibilitó destrabar la paritaria de la flota fresquera de altura en Mar del Plata, pasando el 30% de los valores de febrero de básicos y producción como suma remunerativa y 70% como suma no remunerativa, reabrió grietas siempre mal disimuladas.
Los signatarios del convenio con los gremios marítimos son la Cámara de Armadores y CaIPA. El resto, UdIPA, ALFA y en menos medida la Asociación de Costeros, reflejan lo que firman en la flota de sus empresas adheridas.
El acta 2025 trajo una particularidad: el acuerdo “Fernet” se enmarcaba en el Decreto 633/18, firmado por Macri presidente, que establecía algunas condiciones para las empresas que liquidaban con sumas no remunerativas. La más importante, haber iniciado el procedimiento preventivo de crisis. Como una manera de frenar el abuso a las sumas en negro.
No solo en la flota fresquera sino también en la congeladora, ese requisito fue saltado olímpicamente aunque en las actas figura que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis de la Dirección Nacional de Regulaciones y Regulaciones del Trabajo de la Secretaría que depende del Ministerio de Capital Humano tomó la intervención que le compete. #SarasaSarasa
Lo importante acá es que en las propias actas quedó reflejado que las cámaras signatarias del convenio debían acompañar el listado de las empresas adherentes al acuerdo celebrado. Más allá que desde ALFA, cuando se conocieron avances en la negociación, dejaron trascender cierto disconformismo, todas aplicaron el reajuste en los términos acordados en el acta pero nadie se “adhirió” al acuerdo.
El Dr. Rivera, presidente de CaIPA, se comunicó con Mariano González, gerente de UdIPA, en los últimos días del mes pasado, y le informó que el costo del trámite de adhesión eran 500 dólares por barco. El precio incluía la presentación y la entrega de la constancia de ingreso al acuerdo.
“Una vez que hacen algo bien, lo quieren monetizar”, protestan los armadores no asociados a ninguna de las dos cámaras signatarias del convenio. “No pagó nadie –aclaran del otro lado- pero es como para que tomen conciencia del esfuerzo y la tensión que implica llevar adelante una negociación”.
“Es una especie de cuota de uso de convenio, como la cuota solidaria que cobramos a los no afiliados. No me parece mal”, dijo un dirigente sindical que participó de esas negociaciones. “Cuando firman cualquier cosa y tenemos que afrontarlo, ahí no ofrecen pagarnos nada”, refutan del otro lado.
Cada cámara hizo una presentación individual en la Secretaría de Trabajo esperando poder ser incluidos en el acuerdo más allá de no ser signatarios del convenio. En teoría las empresas no podrían liquidar bajo el sistema 70/30 sin el acompañamiento de CaIPA y Armadores. Quizás no pasa nada o quizás en 3 años cae una inspección de ARCA y pide los aportes. Porque esto es Argentina, una aventura desconocida, intrigante y cotidiana.
Buen domingo.
Foto: Revista Puerto