A menos de 24 horas de su juramento como ministra de Economía, Silvina Batakis, comenzó a sentir la presión de un sector del Gobierno que pretende la implementación de un Salario Básico Universal que abarcaría un universo de 7 millones de trabajadores informales cuyo costo fiscal sería superior a los $ 800.000 millones.
Durante la sesión en la Cámara de Diputados, un grupo de diputados oficialistas exhibió pancartas reclamando: ¡Salario Básico Universal ya!
El proyecto viene siendo impuesto en la agenda pública por organizaciones sociales con Juan Grabois a la cabeza y fue presentado en el Congreso Nacional por el diputado de izquierda Itai Hagman, referente de ese espacio.
La iniciativa cuenta con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández y, según trascendió, fue uno de los pedidos que le realizó al presidente, Alberto Fernández, en la cena que ambos compartieron en la noche del lunes en la Quinta de Olivos.
Para los economistas implementar este plan social es como echar nafta al fuego debido a implica un gasto del orden de 1,8% del PIB en momento en que no hay margen para expandir el déficit fiscal en función de la falta de financiamiento genuino.
De acuerdo al texto de la ley el SBU se presenta como una “prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos».
El monto inicial a cobrar sería equivalente a una Canasta Básica Alimentaria (CBA) por adulto que de acuerdo al INDEC se ubica en los $ 13.000. A cambio el beneficiario deberá dar cuenta de estar cursando estudios o talleres que le permitan alcanzar una salida laboral.
El proyecto define que cada grupo podrá recibir SBU por hasta dos (CBA) lo que establece un tope de $ 26.000 por grupo familiar.
El universo que abarcaría incluye a personas desocupadas, que se desempeñen en la economía informal, inscriptos en la categoría “A” del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente”.
Para ser sujeto del beneficio se debe ser argentino nativo o naturalizado, con una residencia legal en el país no inferior a dos años y tener entre 18 y 64 años.
Quedan excluidos quienes perciben ingresos por el programa Potenciar Trabajo, o por prestaciones de desempleo, Progresar, Tarjeta Alimentar ni jubilaciones.
La viabilidad del proyecto choca con sus posibilidades de financiamiento y en ese sentido el economista Rodolfo Santángelo lo calificó de “disparate mayúsculo”.
«Si sale lo que se está proponiendo, nos vamos a la miércoles. Es de una magnitud tan grande que excede la ilógica de este modelo», dijo en declaraciones radiales.
Santagelo apeló al “sentido común” de quienes ocupan cargos ejecutivos en el gobierno e instó a la nueva ministra a “parar” con propuestas que ahondan el déficit fiscal.
«Ellos creen (los impulsores de la medida) que con esto se reactiva la economía, no entienden el rol de la inflación. Y es la inflación la que hace el ajuste por las malas», afirmó. (NA)