El movimiento Libres del Sur en General Pueyrredón continúa con la campaña de juntada de firmas para promover por iniciativa popular, el tratamiento por el Congreso de un proyecto de ley que disponga el congelamiento de los precios de los alimentos de la Canasta Básica y las tarifas de los servicios públicos de luz y gas por un plazo de un año.
En tan sólo dos semanas, han logrado reunir más de 29 mil firmas en favor de esta iniciativa popular que será presentada en el Congreso Nacional a fines del mes de septiembre.
A su vez, destacaron que, a nivel nacional, ya han alcanzado el objetivo de 1 millón de firmas, y continuarán sumando voluntades en distintos espacios públicos de la ciudad y el país hasta el domingo 18 de septiembre.
En este sentido, el referente de Libres del Sur en la ciudad, Rodrigo Blanco, instó a la ciudadanía a seguir participando y sumando sus firmas: “Si el gobierno no quiere o no puede frenar la inflación y el tarifazo, se debe convocar y confiar en la participación popular”.
Rodrigo Blanco analizó: “La gestión de Massa a cargo del Ministerio de Economía no ha generado ningún cambio sustancial que inicie el proceso de freno de la inflación que se había propuesto como uno de los objetivos principales. Este objetivo podría pensarse como la base para revertir el aceleramiento de la variación ascendente de los precios en los últimos meses. Pero los resultados están a la vista: en las negociaciones con los formadores de precios no hay acuerdos ni siquiera de carácter formal. Son nulos incluso en el terreno de las declaraciones».
En cambio, el dirigente aseveró que hasta ahora el único cambio destacable es el anuncio del “dólar soja”, es decir, un tipo de cambio especial que el gobierno le reconoce a los exportadores por encima del oficial. «Es equivalente a una quita de las retenciones, el impuesto a la exportación. No vemos un programa de gobierno que apunte a abordar esta acuciante problemática inflacionaria que deja mes a mes a más familias debajo de la línea de pobreza e indigencia».
«Lamentablemente el gobierno continúa profundizando el ajuste al servicio del programa propuesto por el FMI. El problema no es sólo que la única prioridad sea pagar la deuda externa, en lugar de cuestionar ese endeudamiento fraudulento, sino sobre quiénes recaen las consecuencias del ajuste para el equilibrio fiscal», remarcó.
Blanco sostuvo que «lejos de tocar los intereses de los sectores más poderosos de la economía, se observa que el recorte que por ahora se ha anunciado en $128 mil millones (a través de la Decisión Administrativa 826/2022) recae sobre la educación ($50 mil millones), sobre la salud ($10 mil millones), la vivienda ($50 mil millones) y la obra pública ($20 mil millones) y el Transporte ($7 mil millones)».