El diputado provincial Gustavo Pulti presentó a los trabajadores de los hoteles que integran la Unidad Turística de Chapadmalal el proyecto que elevó a la Legislatura bonaerense, en el que reclama la preservación del patrimonio público y la continuidad del turismo social.
Fue luego de que el Concejo Deliberante de General Pueyrredón archivara dos proyectos que buscaban frenar la privatización impulsada por el Gobierno nacional por declararla de “innecesariedad”.
Entre la posición opositora de respetar la función social del Complejo de Chapadmalal, más allá del déficit actual, y la prooficialista, que impulsa la privatización, surgió como alternativa intermedia estudiar otras maneras de sostenerlo mediante subsidios, vouchers o convenios con privados.
Cerca de donde se emplazan las unidades turísticas, desde hace 40 años se erige un complejo vacacional cooperativo, RCT, gestionado en forma democrática por sus asociados, que nació bajo la orientación del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.
Cooperativismo y solidaridad
El cooperativismo se ofrece como una herramienta aplicada a un mundo con más solidaridad y justicia social, según pregonan sus cultores.
Lo cierto es que Residencias Cooperativas de Turismo sobrevivió con perfil cooperativo, sin más contribuciones que las de sus propios asociados, a crisis como la hiperinflación de los ´90, el estallido de la convertibilidad, en 2001.
Fue gracias a una gestión administrativa eficiente y a una estrategia de marketing que los llevó a integrarse a RCI internacional en el sistema de tiempos compartidos y dar un salto de calidad, con respaldo del banco Credicoop.
De este modo, el complejo funciona todo el año, menos un mes de otoño que se cierra por mantenimiento.
«Los Hoteles de Chapadmalal son un símbolo del turismo social que, además, generan trabajo marplatense”, sostuvo Pulti tras la reunión con el personal.
Fue en la antesala de que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, en manos de Daniel Scioli, decidiera avanzar en la licitación para concesionar su uso o vender los 9 edificios con instalaciones que integran el Complejo.
Las fundamentaciones para abrir el camino a la venta giraron en torno de que la estructura está ociosa todo el año, que durante décadas acumuló deficiencias, abandono e inseguridad y que le cuesta al Estado10 millones de dólares al año.