«Condenan a los jubilados por una decisión política que empieza a tener rango criminal», afirmó el diputado provincial Gustavo Pulti. Mientras que la canasta básica de un jubilado asciende a $1.200.253, la jubilación mínima más el bono apenas alcanza los $349.100. «Es decir, el costo de la canasta básica es 3,77 veces mayor que la jubilación mínima. Violan la Constitución y pactos internacionales sobre los derechos del sector «, sostuvo.

Ante esta grave situación, Pulti presentó un proyecto de declaración en la Legislatura bonaerense denunciando la vulneración de los derechos de las personas mayores por parte del Gobierno Nacional. Impulsa al mismo tiempo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se investigue la violación de derechos fundamentales de los jubilados.

«La canasta básica de los jubilados es 3,44 veces más costosa que la jubilación mínima. No se trata solo de cifras: detrás de estos números hay millones de personas mayores que no pueden afrontar sus gastos esenciales, desde la alimentación hasta los medicamentos», señaló Pulti.

El diputado recordó que el proyecto de ley de movilidad jubilatoria establecía que el haber mínimo no debía ser menor al valor de la canasta básica de un adulto mayor, y que la actualización debía realizarse de forma semestral según la inflación y el promedio salarial. «Con el veto de Milei y el fin de la moratoria previsional, se condena a la pobreza a millones de jubilados y se vulneran derechos constitucionales», advirtió.

El proyecto también denuncia el incumplimiento del artículo 36 de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, tratado que garantiza el derecho a la independencia económica, una vivienda digna, acceso a la salud y un ingreso suficiente para asegurar una vida digna.

«El ajuste sobre los jubilados no solo es una política cruel e inhumana, sino que busca instalar el miedo y silenciar cualquier reclamo. A la pobreza y la falta de recursos se le suma un operativo de amedrentamiento y represión impulsado por Milei y Bullrich para acallar a quienes se organizan en defensa de sus derechos», concluyó Pulti.


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