Por: Roberto Garrone
Azopardo 4678. Azopardo entre Alvear y Cerrito. Detrás de una persiana una docena de fileteros y un par de peones cortan y mueven pescado en la más absoluta precariedad. El lugar -no podemos decirle planta de reproceso, mucho menos frigorífico porque no almacena pescado- ni siquiera tiene nombre. Es una simple fachada. Mucho menos habilitación.
Azopardo 4678 es una de las tantas cuevas que pululan en las distintas arterias del puerto que funcionan ajenas a la mirada oficial. Nadie fiscaliza. Ni Municipalidad, Provincia y mucho menos SENASA, que es un servicio requerido. Abrió a fines de octubre del año pasado y así como así, de la noche a la mañana se puso a cortar merluza.
El estado ausente que ahora pone el ojo porque se visibilizó Azopardo tras dejar a 12 obreros en la calle. Mientras tanto, o por la convivencia con los encargados de inspeccionar o porque hay una decisión política de no ir contra la marginalidad porque el daño que se produce es mucho más grave que los beneficios de la habilitación, todos miran para otro lado.
En Azopardo, como en tantas otras, manipulan, cortan, materia prima que mayoritariamente se destina al mercado interno. Por si no fui claro, que termina en la mesa de los argentinos sin ningún control ni intervención oficial que certifique sus condiciones sanitarias. Mucho menos paga impuestos.
Los gobiernos pasan con sus funcionarios de turno y nadie enfrenta el problema. Lo enfrenta seriamente porque fotos con mesas de trabajo que nunca resuelven nada, eso hacen todos. No, que germine la decisión política para aplicar un plan de regularización y un esquema que establezca condiciones claras para el funcionamiento de las cooperativas; que determine cuáles funcionan como tales y cuáles son una máquinaria aceitada para evadir y precarizar.
Porque hay una ley de cooperativas que hace legal el sistema. El problema son quienes utilizan la autogestión para disfrazarla de explotación laboral. Y sobre todo, que desde el Estado nadie controla su funcionamiento, lo que termina promoviendo su vigencia y aumento de la ilegalidad.
El INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social es cartón pintado cada vez más opaco. ¿Alquien recuerda cuándo fue la última vez que recorrieron las calles del puerto en el marco de un operativo de fiscalización?. ¿Y la Provincia?. ¿Y la Municipalidad?.
Desde la delegación del puerto, Ignoto hace unos años impulsó un rastrillaje que terminó con media docena de plantas clausuradas. Pero como no hay sanciones para nadie, al poco tiempo vuelven abrir en otro lado.
Es un tema “complejo”, seguro que sí, pero no emitir señales es todo un mensaje del Estado avalando la precarización, la explotación laboral y la evasión impositiva.
Pasa lo de siempre: lo urgente es mantener el trabajo y tras esos operativos queda el tendal. Debería existir una manera de regularizar los procesos administrativos con la gente trabajando.
Hasta los propios obreros subrayan que lo único que les interesa es trabajar. Ya no importa en qué condiciones se genera ese vínculo ni que les paguen por semana, no tengan seguro ni cobertura médica. Lo vital es llevarse un mango a la casa. Después vemos bajo qué condiciones. Y esa necesidad es el caldo donde hacen fortunas los explotadores.
Ese debate siempre se posterga y perjudica no solo a los propios trabajadores engarzados en la cadena sino también a los eslabones que están en blanco. Hoy el mercado interno es casi inaccesible para empresas que tienen obreros bajo relación de dependencia. Para esos trabajadores es menos producción por mes, y por tanto, menos ingresos.
Pero la informalidad en Azopardo no es lo más grave en esta historia. Quien proveía el pescado era José Figueredo, miembro del cuerpo de inspectores en el Distrito Pesca Mar del Plata. El encargado de controlar las descargas de los barcos pesqueros en el puerto local compraba pescado y lo reprocesaba en una planta clandestina. “Compraba”… en el mejor de los casos.
El viernes hubo una audiencia informal en el Ministerio de Trabajo donde se presentó la abogada de Figuerdo para reconocer que su cliente era proveedor de materia prima pero el lugar era regenteado por el hijo. La letrada no supo responder cuando le preguntaron de dónde venía el pescado que Figueredo mandaba a cortar a la docena de fileteros precarizados. Todos lo imaginamos.
Semanas atrás, desde la Fiscalía Federal del Poder Judicial de Mar del Plata ingresó un pedido al Subsecretario de Pesca para que aplique un sumario administrativo disciplinario sancionatorio por una denuncia formulada por Juan Carlos Nicolao, ex Jefe de Distrito Pesca, contra un grupo de empleados que a su juicio no cumplían con la tarea de control y fiscalización sino que estaban al servicio de los armadores para subdeclarar pescado.
Figueredo no forma parte de la denuncia pero sí es un funcionario público que integra el cuerpo de inspectores cuyos jefes eran, hasta el 2017, Ayelén Fortunato y Sergio “Turco” Salomón, los dos denunciados por Nicolao. Salomón hace un par de años se fue del Distrito.
Fortunato todavía cumple funciones y es una pieza clave en la estructura que ahora lidera Ariel Barciela y Leandro Marina, ladero de Javier Faroni quien llegó al puerto con el aval de Fernanda Raverta.
Pasan gobiernos y funcionarios y algunas cosas no cambian más en el puerto de Mar del Plata.