Tras la aprobación en general de la Ley Bases que impulsa el gobierno de Javier Milei, la Cámara de Diputados inició la votación en particular de los distintos capítulos que componen la normativa.
Pasadas las 10.30 de la mañana habían recibido el visto bueno las emergencias, las facultades delegadas y las privatizaciones de diferentes empresas del Estado. También tuvieron luz verde el tramo vinculado con el empleo público y los artículos que disponen la reforma laboral.
Lo aprobado comprende las emergencias administrativa, económica, financiera y energética. En cuanto a las facultades delegadas, sirven al Ejecutivo para disolver organismos públicos que considere que deben entrar en el plan de ajuste del gasto público. De este modo se convalidan los cierres del Inadi o del INCAA, por ejemplo.
Respecto de las privatizaciones, las empresas Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Argentina e Intercargo podrán ser privatizadas de manera total. En tanto, las firmas Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Correo Argentino, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria S.E (Sofse) y Corredores Viales SA podrán ser privatizadas parcialmente.
En cuanto a las leyes laborales, la Casa Rosada apunta a simplificar tanto las contrataciones como los despidos. Respecto de las indemnizaciones, se impulsa un fondo de desempleo como el utilizado por la UOCRA, el cual consiste en que el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad.
También la Casa Rosada logró el aval para una eximición de multas a empleadores que hayan tenido trabajadores no registrados. Obtuvo el apoyo con 147 votos afirmativos. “Es un premio a las patronales”, criticó Romina del Plá (Frente de Izquierda).
Asimismo, el oficialismo obtuvo la aprobación de una extensión del período de prueba para los trabajadores agrarios registrados que estén dentro de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre).
A la lista de capítulos aprobados se suma el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que pretende estimular la llegada de grandes capitales al país. Sin embargo, la iniciativa cosechó rechazos y críticas incluso de sectores opositores no tan duros, como la UCR y Hacemos Coalición Federal.
“Se promueve un desguace del Estado. Todas las obligaciones son para el Estado y las garantías son para los privados”, cuestionó Margarita Stolbizer. “Favorece a los sectores concentrados”, dijo Fabio Quetglas, de la UCR. Desde el kirchnerismo, la diputada nacional Leila Chaher (Unión por la Patria- Jujuy) señaló: “Esto es anarcocapitalismo”.
El RIGI, a decir del gobierno, busca generar “seguridad jurídica” mediante incentivos en materia tributaria y fiscal para inversiones que superen los 200 millones de dólares. En ese marco, introdujo un artículo que dispone la invalidez de cualquier otra norma preexistente que sea contraria a los beneficios y exenciones que crea este Régimen.
Pasado el mediodía también se dio el okey al capítulo de jubilaciones, con cambios en la moratoria previsional (habrá más requisitos para acogerse al régimen jubilatorio para quienes no cuenten con 30 años de aportes) y en breve se discutirá la reinstauración del Impuesto a las Ganancias. La sesión en Diputados comenzó ayer lunes, sobre el mediodía.
Una vez concluido el trámite en Diputados, el gobierno deberá enfrentar una batalla aún más compleja en el Senado, donde los números para la aprobación de la Ley Bases lucen más ajustados.