En momentos que recrudece la pandemia, el esfuerzo realizado por el Estado nacional y provincial en la lucha contra la pandemia, no tuvo su correlato en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires.
El crecimiento exponencial de esta segunda ola de coronavirus obliga a extremar las medidas sanitarias para mitigar el contagio en el encierro, principalmente la vacunación de las personas detenidas. Con ese objetivo, la Comisión Provincial de la Memoria realizó un detallado informe de la situación que envió a los Ministerios de Justicia y Salud bonaerense, y a la Suprema Corte de Justicia.
En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM realizó 32 inspecciones en 27 unidades penitenciarias de toda la provincia y confirmó la crítica situación que persiste: sobrepoblación y hacinamiento extremo que impiden el distanciamiento social, falta de elementos de higiene o agua potable que tornan imposible el lavado frecuente de manos, carencia de elementos para la limpieza y sanitización, incumplimiento de los protocolos sanitarios impuestos por los ministerios de salud, nulo o deficiente acceso a la salud, bajos índices de testeos y falta de vacunación de la población de riesgo.
Al día de hoy, la situación de contagio en las cárceles bonaerenses es bastante difícil de calcular porque la información no ha sido ni rigurosa ni completa: hasta el 12 de marzo de este año, se habían realizado sólo 345 hisopados en las unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense. En una población de más de 44 mil detenidos, ese número de testeo representa una tasa de 9 hisopados cada 1.000 personas; cifra notablemente más baja que las tasas provincial (131), nacional (164), del Servicio Penitenciario Federal (103) y de las comisarías bonaerenses (418).
En esta situación, al aparecer un caso sospechoso, las medidas sólo consisten en aislar a pabellones enteros sin testear ni brindar ningún seguimiento o atención, la que queda en manos de los compañeros de la persona detenida.
Durante el año pasado, 28 personas detenidas cárceles bonaerenses murieron por coronavirus; esto representa una tasa de 7 muertes cada 10.000. Tasa inferior tanto a la del Servicio Penitenciario Federal (15) como a la provincial (15) y la nacional (12). Probablemente la baja mortalidad se explique por la edad de la población carcelaria, que tiene un promedio de 33 años y sólo el 3% mayor a 60. Esto elevó la cifra de muertes a 178 contra 148 que ocurrieron en 2019. El 80 % por cuestiones de salud no asistidas.
La emergencia de una segunda ola de coronavirus, con cepas que tienen mayores índices de transmisibilidad y que manifiestan cuadros clínicos más graves en pacientes jóvenes, hace indispensable tomar medidas para garantizar no sólo la salud de las personas detenidas sino también para evitar que una situación de contagio en las cárceles se disemine extramuros.
Como se viene demandando desde hace años, es indispensable pensar en medidas estructurales tendientes a reducir los índices de sobrepoblación y hacinamiento. En abril de este año, había en cárceles bonaerenses 44.584 personas alojadas en 20.804 plazas penitenciarias existentes, lo que implica una sobrepoblación de 114%. Considerando las nuevas 1.222 plazas que aún no están habilitadas en su totalidad, la sobrepoblación aun estaría en un elevado índice del 102%, con pabellones donde se excede incluso estos porcentajes, llegando a triplicarlos. En las comisarías bonaerenses la situación es aún más crítica: 4.678 personas se hacinan en 1200 calabozos en comisarías, muchas de ellas, clausuradas.
En ese sentido, y atendiendo la emergencia sanitaria por coronavirus, la CPM solicitó a la Corte bonaerense que instruya a los jueces para revisen la situación de detención y controlen la condición de las personas que se encuentran detenidas a su cargo y son grupos de riesgo según las disposiciones de Ministerio de Salud, para las mujeres con hijos/as alojados/as con ellas y embarazadas y para personas mayores de 60 años en unidades penitenciarias, alcaidías o dependencias policiales. Máxime cuando se encuentra acreditada la nula capacidad de la Dirección de Salud Penitenciaria para dar respuesta a esta crítica situación.
También solicitó que instruya a los magistrados para revisar de oficio las prisiones preventivas por delitos leves y no violentos, y evaluar el otorgamiento de libertadas o medidas morigeratorias para las personas condenadas por estos mismos delitos y para aquellas que se encuentran en condición de acceder a los regímenes de libertades asistidas y condicionales.
Para estos fines, la CPM también reclamó que se disponga el funcionamiento pleno de las distintas dependencias de las asesorías periciales dependientes de la Corte, dando prioridad al tratamiento de los pedidos de morigeraciones.
En cuanto, a la situación de comisarías, pidió que se instruya a los jueces para que en el marco de sus competencias prioricen la disposición de medidas alternativas al encierro de aquellas personas que transitan su detención en dependencias policiales y en especial de aquellas que lo hacen en comisarías clausuradas por orden judicial o que cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana. En sintonía con esto, que hagan cumplir de manera efectiva las órdenes de clausura o fijación de cupos dispuestas.
A la par de estas condiciones estructurales, también es indispensable tomar medidas urgentes que son de rápida implementación; medidas que, por otra parte, no son más que aplicar en el encierro las mismas políticas sanitarias dispuesta por el Estado.
En las notas remitidas a los Ministerios de Justicia y Salud, la CPM reclamó que se garantice la provisión a las personas detenidas, de manera regular y periódica, de los elementos necesarios para prevenir los contagios: barbijos, jabón de tocador, alcohol en gel y lavandina o lejía. Asimismo, pidió que se controle el cumplimiento de los protocolos: el correcto uso del barbijo por parte del personal penitenciario, y la toma de temperatura y sanitización de las personas que ingresan.
Por otra parte, la nula o deficiente atención sanitaria es un problema también de vieja data: la Dirección de Salud Penitenciaria dependiente del Ministerio de Justicia no brinda respuestas adecuadas ni eficientes frente a este momento crítico, como no lo hizo antes tampoco. En ese sentido, la CPM volvió a insistir con la necesidad de que esta Dirección pase a la órbita del Ministerio de Salud.
El esfuerzo que significó la construcción de los hospitales modulares en cárceles, inaugurados entre diciembre y enero, fue una gran noticia; sin embargo, aún no están funcionando por falta de personal e insumos, una constante evaluada en cada inspección y que será difícil de resolver: Un médico de guardia en el SPB cobra la mitad de lo que se cobra una guardia en el sistema público.
Esta falta de profesionales es cada vez más visible y se deteriora mes a mes. A modo de ejemplo, grandes complejos carcelarios como Sierra Chica (3.046 personas en tres unidades penitenciarias) o Magdalena (3.555 personas en 4 unidades, una de ellas de mujeres) cuentan apenas con un médico de guardia, dos o tres días por semana.
En este contexto de crisis sanitaria, debe incluirse a las personas detenidas en los planes de vacunación dispuestos por la autoridad sanitaria y priorizar, con los mismos criterios a los adoptados para toda la comunidad, a las personas con factores de riesgo y edad avanzada. Este pedido de la CPM se sustenta en el respeto al principio de igualdad ante la ley