Más del 60 por ciento de quienes participaron en la consulta pública realizada por el Gobierno nacional respecto del proyecto de exploración offshore, en dos áreas ubicadas frente a las costas bonaerenses consideraron que la información provista por YPF y por la empresa noruega Equinor es al menos «suficiente y clara».

El objetivo de esta instancia de participación lanzada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable fue «recoger las inquietudes y observaciones de la ciudadanía» respecto de los proyectos denominadas «Pozo Argerich-1», dentro del Bloque CAN 100, y «Registro Sísmico Costa Afuera 3D Área CAN 102», y sobre sus estudios de impacto ambiental.

La consulta contó con tres ejes, vinculados a las actividades de Equinor en el primer caso y de YPF en el segundo; al diagnóstico ambiental de cada proyecto, y finalmente a los programas de gestión ambiental diseñados por cada firma.

En el caso del proyecto «Pozo Argerich-1», cuyo objetivo es la perforación de un pozo hidrocarburífero exploratorio en aguas profundas, 315 kilómetros al este de la ciudad de Mar del Plata, 45,25% de los 727 participantes consideraron que la información provista por Equinor era «muy clara y suficiente», y el 22,83%, «clara y suficiente».

El 19,39% consideró que no era adecuada; 8,53%, entendió que era «poco clara e insuficiente», y un 3,99 indicó que era adecuada pero era necesaria «información sobre ciertos aspectos» de este pozo, que tendrá cerca de 2.500 metros de profundidad.

En cuanto a la información sobre la denominada «línea de base ambiental», el 47,08% de los 565 participantes calificaron como «muy clara y suficiente» la información suministrada, y el 22,83% por ciento, «clara y suficiente».

El 20,71%, en tanto, consideró que los detalles ofrecidos al respecto en los estudios de impacto ambiental sobre el proyecto «no es adecuada».

En el tercer eje de la consulta, referido a «Impactos y Plan de Gestión Ambiental», el 41,8% de las 488 personas que participaron consideraron que Equinor debería priorizar los «programas generales de gestión ambiental y social», un 27,87% los de «prevención y corrección», el 12,3% los de «contingencia», y el 7,79% los de «monitoreo», entre las opciones más elegidas.

En cuanto al proyecto de registro sísmico planeado para el bloque CAN 102 del Mar Argentino, a 270 kilómetros de Mar del Plata, el 42,47% de las 1.387 personas que participaron en la consulta indicaron que la información brindada por YPF para su trabajo en el área es «muy clara y suficiente», y el 19,39% «clara y suficiente».

El 21,2% señaló que «no es adecuada», y el 11,39% consideró que es «poco clara e insuficiente».

Respecto de la «línea de base ambiental del estudio», un 41,89% de un total de 986 consultados, coincidió en que la información brindada por la empresa nacional es «muy clara y suficiente», y el 22,21% optó por «clara y suficiente».

El 21,6% dijo que «no es adecuada», y el 10,04% de los participantes entendió que la información ambiental era «poco clara y insuficiente».

En cuanto al eje «Impactos y Plan de Gestión ambiental», el 58,06% de los participantes consideraron que YPF debería priorizar en «medidas de reducción de los potenciales impactos sobre mamíferos marinos, peces, aves y tortugas marinas», y el 24,13% en «medidas de mitigación protectoras o preventivas, destinadas a regular las actividades a bordo de las embarcaciones».

El 9,68 por ciento de los 837 participantes señaló que debían priorizarse «medidas de mitigación de las potenciales interferencias con las pesquerías y actividades vinculadas al sector pesquero», y el 8,12, «medidas de mitigación de las potenciales interferencias en la navegación».

Esta consulta pública temprana se enmarca en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental dispuesto por la Resolución Conjunta 3/2019 entre la Secretaría de Energía y la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

La exploración frente a la costa de Mar del Plata se encuentra frenada momentáneamente, a la espera de una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones, debido a una medida cautelar que ordenó su suspensión, partir de planteos presentados por el intendente local, Guillermo Montenegro, y organizaciones ambientalistas. (Telam)


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