El Juzgado de Faltas N° 3, a cargo del magistrado Pedro López Martucchi, estableció la clausura de manera transitoria del famoso restobar “Yago”, por no respetar el distanciamiento social obligatorio, así como el horario de cierre cuando la ciudad de Mar de Plata se encontraba en Fase 3.
La intervención fue durante la noche del pasado 7 de mayo. A través del área de Inspección General, el Municipio de General Pueyrredón clausuró temporalmente el restobar marplatense, ubicado en Avellaneda 1251.
La clausura, según información de los medios locales, se realizó en el contexto de los operativos de control y prevención en comercios nocturnos.
Los operativos tienen como objetivo verificar el cumplimiento del horario de cierre, la vigencia de marcas de matafuegos, el correcto funcionamiento de salidas de emergencia y el protocolo provincial gastronómico por COVID-19.
La pandemia del coronavirus ha afectado negativamente el sector de bares y restaurantes durante el año 2020. Sin embargo, y en medio de la crisis económica, muchos locales se reinventaron y volvieron a abrir sus puertas para sacar a flote sus negocios.
Con la reapertura de los espacios exteriores, países como España y Holanda comenzaron a recuperar sus actividades económicas gracias a la implementación de mesas individuales, servicios take away y cabinas de vidrio. Asimismo, bares, confiterías y restaurantes en Argentina pueden recibir comensales hasta el 50 % de su capacidad, manteniendo una distancia de dos metros, disponiendo de alcohol en gel y empleando termómetros infrarrojos para medir la temperatura superficial de los clientes al momento de que estos ingresen al local.
Entre variadas medidas de higiene y aseo, también se exige delimitar sectores y circuitos de circulación para evitar el contacto y la obligación de usar barbijo para todos.
En el caso del restobar, las autoridades determinaron que se incumplió con el horario de cierre previsto para las 23 horas. Casi una hora más tarde, a las 23.50 horas, el personal de Inspección General comprobó que el espacio se encontraba abierto y con personas en su interior, que tampoco cumplían con el distanciamiento.
El Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, anunció días antes de la intervención que las multas eran de hasta $4 millones a quienes no respetaran el decreto promulgado por Alberto Fernández.
“Los DNU en la Argentina por la reforma de 1994, tienen valor de ley, son ley y en la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. De este modo funcionan las instituciones y la democracia, respetando la ley. El DNU del presidente es ley y lo vamos a respetar”, sentenció Kicillof.
Finalmente, el municipio de General Pueyrredón se adhirió al sistema del gobierno y, en consecuencia, el juez López Martucchi ordenó a los propietarios de “Yago” pagar el monto de $1.200.000 millones por incumplir con las normas del DNU.
Según indicó el fallo, la multa deberá hacerse efectiva dentro de los tres días de quedar firmada la presente, bajo apercibimiento de clausurar y/o exigir su cobro por vía de apremio.