La Universidad Nacional de Mar del Plata elevó al Poder Ejecutivo del Municipio de General Pueyrredon un informe con aportes para la construcción de una agenda de desarrollo integral, elaborado a partir de los debates y diagnósticos surgidos en la Mesa de Trabajo “Territorio y Desarrollo”. La iniciativa se desarrolló en el marco de las Jornadas Investigar 2025 y reunió a investigadores e investigadoras de distintas unidades académicas y espacios de investigación de la casa de estudios.
El documento fue impulsado por el Consejo Directivo del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEyS), con la participación del Instituto del Hábitat y del Ambiente (IHAM) y el Grupo de Investigación en Diseño Sustentable de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño; el Grupo de Estudios sobre Población y Territorio de la Facultad de Humanidades y el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Dra. Alicia Moreau” de la Facultad de Derecho.
Según se explicó en el informe, el objetivo fue poner en diálogo los saberes interdisciplinarios producidos en la Universidad con los desafíos actuales de la gestión pública municipal, con la intención de contribuir a la planificación de políticas más justas, sostenibles y equilibradas para las ciudades y localidades del Partido.
El territorio como problema y como oportunidad
Uno de los ejes centrales del documento estuvo puesto en la necesidad de repensar el territorio para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado entre los centros urbanos y las periferias. En ese sentido, se señaló que el Partido de General Pueyrredon enfrentó tensiones estructurales persistentes entre el centro y los barrios periféricos, así como en su zona litoral, atravesadas por la coexistencia de actividades económicas formales e informales y por la falta de una planificación integral de la expansión urbana.
El informe advirtió sobre los riesgos que implica la ausencia de políticas sostenidas orientadas a la preservación ambiental, paisajística y patrimonial, y remarcó que pensar el desarrollo urbano exige asumir su complejidad. Desde esa perspectiva, se planteó que los cambios necesarios no podían depender de un único actor ni de una única dimensión, sino que requerían la articulación de múltiples sectores sociales bajo una coordinación clara, rol que debía ser ejercido por el Estado.
En ese marco, se propuso avanzar en un proceso de integración territorial que incluyera de manera efectiva a Batán, Chapadmalal y Sierra de los Padres, mediante mejoras en la infraestructura básica, la conectividad y el transporte, la creación y el mantenimiento de espacios públicos de calidad y el desarrollo de parques lineales en torno a los cursos de agua.
Planificación urbana y reglas claras
Otro de los lineamientos destacados fue la necesidad de fortalecer la planificación urbana y territorial de Mar del Plata y las restantes localidades del Partido, articulando dimensiones económicas, sociales, ambientales y culturales. El documento sostuvo que ese proceso debía basarse en objetivos colectivos y reglas claras, capaces de reducir discrecionalidades y ordenar el uso del suelo.
En particular, se subrayó la importancia de actualizar y fortalecer los instrumentos normativos existentes, como el Código de Ordenamiento Territorial, y de garantizar una mirada integral que incorporara la perspectiva del cambio climático, la producción sustentable, los circuitos productivos emergentes (como el sector frutihortícola) y las formas de organización del trabajo propias de la economía social y popular.
Desde la UNMDP, se pusieron a disposición indicadores de diagnóstico y evaluación sobre sustentabilidad urbana y ambiental, aplicables tanto a áreas urbanas como periurbanas, con el fin de aportar herramientas técnicas a la gestión pública local.
La costa como sistema único
La franja costera ocupó un lugar central dentro del informe, al ser definida como uno de los bienes comunes más valiosos del partido y, al mismo tiempo, como uno de los espacios donde se hicieron más visibles las tensiones entre intereses diversos. En ese sentido, se planteó la urgencia de avanzar en una política específica y consensuada para la costa, que la abordara como una unidad ambiental, patrimonial, turística, recreativa y productiva.
El documento remarcó la necesidad de mejorar la coordinación entre los distintos niveles del Estado, municipal, provincial y nacional, en cuestiones vinculadas a la gestión del puerto, la preservación de sitios patrimoniales emblemáticos, la protección del patrimonio arquitectónico urbano y rural y la mitigación de los efectos del cambio climático y la erosión costera.
Asimismo, se señaló que cualquier estrategia de desarrollo en este ámbito debía combinar la promoción de la actividad económica con la garantía del acceso público, la protección de los paisajes y la valorización de su dimensión ambiental y simbólica para la comunidad.
Hábitat y vivienda: una mirada integral
El acceso a la vivienda fue abordado como un componente clave para la integración social y el ordenamiento territorial. El informe sostuvo que la problemática habitacional no podía reducirse a una lógica de mercado y que resultaba necesario impulsar políticas de hábitat que articularan el acceso a la tierra, el trabajo y la producción local.
Entre las líneas de acción propuestas se incluyeron la identificación de vacíos urbanos y tierras fiscales, el impulso a programas de autoconstrucción y cooperativas, la participación de pequeñas empresas constructoras y la articulación de políticas de financiamiento con políticas de suelo. A su vez, se remarcó que estas estrategias debían contemplar la generación de empleo de calidad y la incorporación de criterios ambientales, como la eficiencia energética y el desarrollo de huertas y quintas urbanas. (Portal Universidad)