Luego de varias denuncias de vecinos en redes sociales, reapareció en la sede de la de la Sociedad de Fomento Santa Paula, Hugo Toso, Interventor de la entidad vecinal.
Ante la falta de respuestas concretas los vecinos juntan firmas para enviar una carta al Dr. Ariel Federico Giménez, Director General de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires solicitando la pronta regularización de esa institución.
En la nota los vecinos y socios de la entidad, destacan que “en sus casi 30 años de trabajo y con el aporte y tesón de sus socios, nuestra entidad ha llegado a ser significativa para la comunidad consiguiendo construir no sólo un espacio físico muy importante, que es además el único con el que cuenta nuestra comunidad, donde funcionaron escuelas, posta sanitaria, centros de evacuados, espacios de recreación y de festejo, sino también un espacio comunitario de un gran impacto para el barrio desde donde se gestionaron obras y programas y se fomentaron actividades y mejoras para la calidad de vida de los vecinos y vecinas.”
Más adelante se lamentan que “llegamos así al año 2017 cuando producto de la desidia de una administración la institución entró en un proceso de desorden que finalmente terminó en una serie de denuncias y un pedido de intervención. Esa intervención estaba lejos de lo que pretendíamos los vecinos, que convencidos de la posibilidad de recuperar por nuestros propios medios y sin intervención estatal a la institución, participamos de reuniones y tratativas para remontar la compleja situación institucional y terminamos siendo víctimas de una gestión maliciosa y autoritaria con visos extremadamente intervencionistas.”
Recalcan refiriéndose a la gestión de la entonces subsecretaria de ONG´s del Municipio Stella Maris Marinier, quién según la nota “pidió la intervención, hizo lobby para obtenerla y propuso a Hugo Toso como interventor, asumiendo el mismo en ese rol el 12 de marzo de 2019”.
También denuncian que “desde esa fecha hasta hoy no sólo la comunidad se vio privada del uso de esas instalaciones sino que además la sede fue robada, desmantelada y vandalizada en varias oportunidades, incluso llegando a la tentativa de ocupación de uno de sus lotes sin que desde la intervención se tomara medida alguna”.
Desde la sociedad de fomento agregan que “sin dudas lo más grave es que desde ese momento ninguna acción tendiente a regularizar la situación administrativa de la entidad se ha llevado adelante ni se ha dado a conocer a los socios”.
Concluyendo, señalaron que “la norma es clara en cuanto a la función del interventor y los plazos para la normalización de las asociaciones civiles y sin embargo se viene incumpliendo sistemáticamente y es por cuanto solicitamos a esa Dirección de Personas Jurídicas se presente en el expediente judicial, denuncie esta situación y solicite el reemplazo del interventor, para que se convoque en el menor plazo posible a una asamblea, con los padrones de asociados vigentes, para la elección de una comisión normalizadora que permita el inmediato cese de esta situación ilegítima, ilegal e irregular.”
Además, en declaraciones a este medio aseguraron que harán llegar copias de la denuncia al Intendente Guillermo Montenegro, al Director General de Asuntos de la Comunidad, a Miguel Ángel Capilla, Presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de General Pueyrredon y a las Defensorías del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de General Pueyrredon.
“Entendemos de quien depende la solución, pero nadie puede ser ajeno al daño que ésta situación provoca en nuestra comunidad, nuestra sede y lo que ella representa como único espacio social, cultural, educativo, recreativo, fue el logro de un esfuerzo colectivo y necesitamos recuperarla para que vuelva a ser el motor de crecimiento de nuestro barrio”, finalizan.