Por: Roberto Garrone
Por estos días en los muelles de los puertos chubutenses donde descarga la flota fresquera, costera y de altura, crece un conflicto entre las empresas de estibaje y la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera, que tiene al SUPA en el medio y amenaza florecer esta próxima semana cuando venza la conciliación extendida que se acordó el pasado martes.
Bajo la gestión de “Gallo” Gutiérrez al frente del sindicato, se mejoró y formalizó el rol de los pesadores, estibadores que disponen y pesan los cajones que deben ser fiscalizados en los controles que realizan los inspectores de muelle que responden al Distrito Puerto Madryn cada vez que llega un barco de zona de pesca.
El Jefe del distrito es Esteban Gentile, un inspector de la vieja escuela, relanzado a la jefatura por órdenes escritas de Juan Pablo Sciutto y Arturo Idoyaga Molina, el director Nacional, quienes aceptaron las sugerencias de Norberto “Pato” Elias, uno de los asesores en las sombras que tiene López Cazorla.
La resolución 408/2003 de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, establece en su artículo 4 que “la empresa armadora del buque que realice la descarga deberá prestar la colaboración necesaria para que los inspectores puedan realizar eficazmente sus tareas de conteo, identificación de especies y/o productos, pesaje de los mismos, toma de muestras y toda otra actividad de control que resulte necesaria, ya sea a bordo, en muelle o en planta”.
Nada dice que los cajones deben ser dispuestos por los estibadores, mucho menos que el SUPA monetice las tareas de control de pesos, atributo que siempre está, o debiera estarlo, en manos del Estado.
Pero en los hechos, la tarea de disponer los cajones para el pesaje y retirar la “mugre” para que la balanza solo pese el langostino fresco la realizan los estibadores. Pasa en todos los puertos del litoral marítimo, el problema brota porque el SUPA en Chubut cobra por la tarea.
Antes el costo se desdibujaba entre distintos adicionales pero Gutiérrez lo dejó establecido por escrito en aquella acta acuerdo que algunas empresas de estiba se negaron a firmar con el gremio en octubre del 2023.
Esa pelea dibujó la tormenta que desató la tempestad durante la zafra provincial. Algunas empresas de estiba sí firmaron y consolidó un reajuste salarial muy por encima de la inflación, y la presencia de los pesadores.
El SUPA determinó que intervengan dos estibadores si la descarga es por una boca y dos más si se descarga por una segunda boca. “Cada uno nos sale 160 mil pesos, más cargas sociales, por 15 minutos de trabajo. Eso demoran en separar una lingada y pesarla”; reveló Alejandro Suárez, uno de los referentes de la estiba del fresco en la provincia, el jueves pasado en el programa “Desde el Muelle”.
Hasta la gestión anterior, los inspectores a la orden de Julián Suárez pesaban lingadas al inicio de la descarga, a la mitad del proceso y al final como para sacar un promedio representativo del peso de los cajones y quedaba registrado en una planilla de pesaje en muelle donde se anotaban el peso de cada uno de los cajones fiscalizados.
En Chubut trabajan 13 inspectores nacionales a las órdenes de Gentile. Hay 4 fijos en Madryn, 6 en Rawson y 3 en Comodoro. A esa estructura se suman 4 más que van rotando en función de la demanda. Lucen más escasos si se divide el día en turnos de 8 horas.
Desde el inicio de la temporada en nación he solicitado un informe a la Dirección de Control y Fiscalización sobre la cantidad de buques inspeccionados y sumarios iniciados en los casos de un presunto exceso en el peso de los cajones. “Se fiscaliza el total de las descargas”, dijo Sciutto quien dijo tenerlo para el final de la zafra.
Si apenas se controla el peso de una lingada, 6 cajones, en barcos que vienen con más de 4 mil cajones en bodega, la rigurosidad de dicha fiscalización deja bastante que desear. Y si encima esa tarea la realizan estibadores y no inspectores como marca la normativa, hay Bingo en sala. En muelle, mejor dicho.
“No podemos hacernos cargo de pagar algo por lo que nosotros no cobramos”, explicó Suárez. En Chubut es vox pópuli que el SUPA incluso cobra pesadores en barcos que no son fiscalizados. Extraordinario.
Desde las empresas de estiba negocian con el SUPA a instancias de la Secretaría de Trabajo provincial pero en el sector saben que la solución que pretenden no vendrá del gremio. Porque Gutiérrez no va a pagar el costo político de resignar 4 puestos de trabajo por buque solo a pedido de la patronal. Más cuando viene de congelar tarifas a valores de octubre del año pasado.
Cansados de pagar ítems que luego no cobran, desde las empresas de estiba ya abrieron un canal de comunicación con las autoridades de la Subsecretaría.
“Estamos en conversaciones con Ceresetto, el SUPA y demás para ver cómo se puede resolver este tema y tratar de dejar a todos conformes”, dijo Juan Pablo Sciutto, director de Control y Fiscalización, e interlocutor con la patronal.
Raúl Cereseto, en su rol de empresario de la estiba, es quien conversa con autoridades de Pesca Nación por el reclamo que visibilizó Suárez, su cuñado, en la semana. “Los barcos no lo quieren pagar, las plantas tampoco; no queremos seguir pagándolo nosotros y tampoco queremos volver a confrontar con el gremio”, resumió.
La última pelea de “Tato” con “Gallo” terminó en tribunales en una causa de denuncias cruzadas de pedido de coimas, asociación ilícita, restricción de acercamiento, arrestos domiciliarios y ataques vandálicos.
Antes del sobreseimiento de Gutiérrez y parte de su comisión directiva, hubo un acuerdo confidencial para mantener la paz social. Esa grieta podría reabrirse esta semana si los inspectores de pesca siguen sin cumplir sus funciones básicas.
Esta semana puede haber novedades en la novela por el futuro de los bienes de la ex Alpesca. Será el día que la administración Torres elija publicar en el Boletin Oficial el Decreto que rechaza el recurso administrativo presentado por Red Chamber y la deja fuera del negocio.
La empresa sigue sin mostrar la adenda pero asegura que desde el gobierno provincial “lo corrigieron dos veces” y le apunta a la CaFACH como principal interesado en quedarse con los 5 permisos costeros si es Profand la que entra en escena.
Los voceros de Mou no tiran al voleo. Hoy existe un vínculo comercial entre Gustavo González, presidente de la cámara y Cosermar, la planta de la empresa española en Trelew.
En las últimas horas Conarpesa se anotó en la carrera por los bienes de la ex Alpesca y se escucharon otras voces que sugerían que la Provincia divida y reparta los activos entre varias empresas para evitar chocar dos veces con la misma piedra.
Álvarez Castellano pasó de estar una situación de quebranto a intentar sumar más buques de los que ya tiene. El milagro que genera un mes de zafra de langostino en aguas nacionales y que el precio del marisco entero se asome a los 8 dólares por kilo.
Igual, el CEO español no parece dar con el perfil que está buscando la administración Torres para reemplazar a Mou. Quieren cambiar de perro, no de collar.
Buen domingo