La Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon manifestó la necesidad de revisar y fortalecer la calidad de atención y la cobertura que reciben los afiliados de PAMI en este distrito.
Mar del Plata presenta una particularidad demográfica que no puede ser soslayada: según el Censo 2022, más del 20% de la población local supera los 60 años. Esta realidad exige una logística prestacional acorde a la vulnerabilidad de este sector.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, Abog. Marcelo Lacedonia, señaló: «Advertimos con profunda preocupación que ciertos cambios, que pudieran tener como objetivo contener el gasto, están terminando por generar perjuicios directos a los más vulnerables, traduciéndose en una desatención de hecho».
Desde el organismo se hace especial hincapié en la inaccesibilidad a servicios fundamentales de base. Actualmente, resulta prácticamente un «milagro» para un afiliado obtener un turno con un trabajador social dentro de PAMI, una figura clave para tramitar y acceder a prestaciones sociales y de salud esenciales. Esta barrera administrativa deja a miles de vecinos en un estado de desprotección absoluta.
Asimismo, Lacedonia destacó la preocupante degradación de la calidad en la atención de algunos efectores que mantienen cápitas vigentes. «Es imperioso que el financiador —en este caso PAMI— realice procesos de auditoría reales sobre la calidad de atención. Es muy frecuente recibir quejas sobre deficiencias en las prestaciones, lo que obliga a una revisión inmediata de los controles de gestión», agregó el Defensor.
Demoras en turnos y sistema de cupos
En la práctica local, la situación se traduce en demoras críticas para especialistas y prácticas pre quirúrgicas o de diagnóstico, habituales como electrocardiogramas, ergometrías o electroencefalogramas.
Se ha detectado que muchos prestadores interrumpen la atención apenas iniciado el mes alegando falta de cupo, afectando incluso a afiliados que ya cuentan con un turno asignado.
Finalmente, la Defensoría remarcó la gravedad que reviste la escasa provisión de elementos esenciales como bastones, andadores y sillas de ruedas, sumado a las demoras en las autorizaciones de tratamientos oncológicos.
En estos casos, la celeridad administrativa es vital, ya que cualquier retraso influye de manera directa en las probabilidades de revertir el proceso de una enfermedad.