La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos directivos vinculados al Grupo Macri e imputados en la causa penal conocida como «Correo Argentino».
La decisión del máximo tribunal reafirma la continuidad del expediente que investiga presuntas irregularidades en un acuerdo firmado en 2016 entre el Estado Nacional y Correo Argentino S.A., empresa controlada por la familia del expresidente Mauricio Macri.
El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Allí se desestima la presentación por considerar que el recurso extraordinario cuya denegación originó la queja «no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal», según el artículo 14 de la ley 48. A su vez, el tribunal intimó a los recurrentes a efectuar un depósito económico en el plazo de cinco días, bajo apercibimiento de ejecución.
Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Kleidermacher, su abogado y representante legal, habían intentado apartar a los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico de la Cámara Federal porteña por «temor de parcialidad». Argumentaron que ambos magistrados mantenían una «enemistad manifiesta» con Macri, y que el expediente tenía un trasfondo político orientado a perjudicar al exmandatario.
La recusación fue rechazada en primera instancia por la propia Cámara Federal, y luego ratificada por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, mediante un fallo del juez Javier Carbajo. En su resolución, Carbajo sostuvo que la defensa no logró acreditar «de modo objetivo» el temor alegado, más allá de las diferencias políticas o los antecedentes de los jueces cuestionados.
La causa penal, que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo desde 2017, también tiene como imputados al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Todos están acusados de haber impulsado un acuerdo durante el gobierno de Macri que condonaba el 98,87 % de la deuda que Correo Argentino S.A. mantenía con el Estado.
Fue la fiscal Gabriela Boquin quien detectó la maniobra y denunció el convenio como «ruinoso» y «abusivo», logrando frenar su ejecución. Desde entonces, el expediente permanece en etapa de instrucción, bajo un estricto seguimiento judicial.
Con este nuevo pronunciamiento, la Corte no solo confirma el rechazo a los intentos de apartar a los jueces del caso, sino que ratifica la vigencia del proceso judicial, manteniendo bajo la lupa a los directivos de Correo Argentino S.A. y, por extensión, al entramado empresarial del Grupo Macri. (NA)