La Comisión Provincial por la Memoria, organismo público autónomo de la provincia de Buenos Aires que implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos, difundió un comunicado previo a su presencia en Mar del Plata tras denunciar penalmente al intendente Guillermo Montenegro.
«Desde hace 25 años este organismo denuncia las violaciones de derechos humanos que relevamos en nuestro carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires. Somos un organismo de control que rige su actuación por la ley nacional de orden público 26.827, que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura», explicaron.
Desde la CPM remarcaron que todos los funcionarios públicos deben respetar las leyes y hacerlas cumplir. Denunciar los delitos que llegan a su conocimiento y contribuir a su juzgamiento. No existen los “sheriff” ni los “llaneros solitarios” o los “justicieros” en la institucionalidad de nuestro país.
«Los funcionarios públicos que como el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, omiten denunciar los delitos que llegan a su conocimiento o los promueve y reivindica con discursos discriminatorios, están a su vez cometiendo delitos incluso más graves. Ser funcionario público, aun electo por la mayoría de los votantes, no lo exime de cumplir con las obligaciones legales y constitucionales. Por el contrario, tiene que ser un ejemplo, ser el primero, en respetarla», afirmaron.
Tras los cuestionamientos de Montenegro a la decisión adoptada por la mencionada Comisión, dejaron en claro que «no persigue funcionarios ni desestabiliza gobiernos. Cumple con su mandato legal de control. Durante todos estos años en nuestros informes y denuncias no miramos el color político de los gobiernos».
«Las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía bonaerense -como el caso de gatillo fácil de Matías Paredes hace pocos días en Mar del Plata-, el servicio penitenciario bonaerense, el organismo de niñez o en los centros de salud mental, son denunciados ante la justicia cotidianamente y se hacen públicas en los Informes Anuales o presentaciones a órganos legislativos o internacionales. También ha hecho lo propio con gobiernos municipales de distinto signo político», precisaron.
En otro párrafo del comunicado, reiteraron que el Intendente de Mar del Plata ha sido denunciado penalmente por la CPM por apología del delito e incumplimiento de los deberes de funcionario público porque subió a sus redes y celebró que una patota contratada por el municipio golpeaba a personas en situación de calle.
«Eso es un delito flagrante, nuestras normas básicas prohíben que las personas golpeen a otras personas. ¿Tenemos que fundamentarlo? Y es más grave aun si lo hacen cumpliendo funciones del Estado», sentenciaron.
«No puede un funcionario hacer lo que le parezca para resolver un problema de la comunidad, debe hacerlo conforme a la ley. No estamos en el far west, estamos en un país que le ha constado mucho llegar a la democracia», manifestaron.
En ese sentido, plantearon que si es verdad que las personas sometidas a su violencia son “peligrosos delincuentes” que hagan la denuncia correspondiente y que actúe la justicia y las fuerzas de seguridad que tienen facultades para hacerlo.