Con la firma de Lorena Mandagarán y la coautoría del marplatense Ariel Bordaisco, el bloque de senadores de Juntos presentó un proyecto de ley provincial para impedir que candidatos con antecedentes penales puedan presentarse a las próximas elecciones.
Esto incluye los delitos contra las personas; contra el orden económico y financiero; contra la integridad sexual; contra el estado civil, supresión y suposición del estado civil y de la Identidad; contra la libertad; contra la propiedad y contra los poderes públicos y el orden constitucional.
“Con esta iniciativa estamos diciendo que no se va a poder mejorar la gestión del Estado si no se trabaja en mejorar a la dirigencia política. Si seguimos permitiendo que quienes gobiernan, o pretenden hacerlo, vulneren límites éticos no vamos a poder torcer el rumbo hacia la decadencia que viene transitando la Argentina”, explicó Bordaisco.
Y agregó: “Esto forma parte de nuestra identidad política, por eso en Mar del Plata también hay una iniciativa del bloque de concejales de Juntos, cuyo miembro informante fue la propia presidenta del Concejo. Estamos proponiendo un camino, que no es el único, pero sí es urgente, para que la impunidad y la política sean dos cosas totalmente distintas”.
El proyecto fue ingresado al Senado con el aval, entre otros legisladores, de los senadores Juan Pablo Allan, Yamila Alonso, Alejandro Cellillo, Marcelo Daletto, Flavia Delmonte, David Hirtz, Agustín Máspoli y Erica Revilla. Según sostienen los fundamentos de la iniciativa se busca “fortalecer la representación política de la sociedad y la confianza de ésta en los candidatos que se presentan. Para esto, es necesario generar resguardos para asegurar la integridad y la ética pública de los candidatos y las candidatas”.
Este proyecto implica la modificación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales, estableciendo que no podrán ser candidatas a cargos partidarios las personas condenadas a penas privativas de la libertad, que cuenten con sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia. Para eso, los partidos políticos o alianzas electorales, deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
A su vez, el proyecto presentado contempla la incorporación al artículo 32 de la Ley 5109 -Ley Electoral- de la obligación de los partidos y agrupaciones políticas de presentar, junto con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos o candidatas, el último domicilio electoral y una declaración jurada suscrita individualmente, en la cual se manifieste “no estar comprendido o comprendida en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Provincial, en esta Ley y en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos”.
Por último, plantean la modificación a la Ley 14086 -Régimen de Elecciones PASO, selección de candidatos y candidatas a cargos públicos electivos, e introduce el cambio la manifestación individual de no estar comprendido o comprendida en ninguna de las inhabilidades previstas en la Constitución Provincial, en la Ley Electoral y en el Decreto-Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
“Este proyecto debe ser parte de una serie de medidas ejemplares, que definan que de acá en más no da todo lo mismo: la educación y formación, la probidad, la honradez y transparencia tienen que ser los atributos de la dirigencia. A los argentinos no nos pueden gobernar más los corruptos”, concluyó el marplatense.