Una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Comercio arrojó que un 11,5% de las empresas piensa cerrar sus puertas en los próximos 30 días si “no se produce una mejora de la situación”. A su vez, otro 23% piensa en achicar su estructura, incluyendo la reducción de personal.
Estas cifras implican que en el corto plazo podrían cerrar entre 40.000 y 50.000 establecimientos. Las pérdidas de empleo serán gigantescas.
A su vez, otra encuesta de la Unión Industrial Argentina, llegó a similares resultados: el 38% de las compañías aseguró que su negocio no es sostenible si las restricciones se mantienen entre uno y tres meses más. El 13% de las compañías estima entrar en concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a sus deudas. Y el 63% sufrió bajas de sus ventas superiores al 50%.
El acelerado aumento en la cantidad de contagios coincide con la dramática situación que atraviesan las empresas. En el momento en el que precisarían volver a la normalidad, el Gobierno planea volver a fase 1 en la zona metropolitana.
El detalle es que la cuarentena lleva 90 días y todavía no hay fecha para su finalización. Haberla arrancado tan rápido, cuando todavía no había terminado el verano y aún no había circulación en la comunidad, estiró su duración hasta límites insoportables para el aparato productivo.
En medio de este cuadro realmente dramático para la actividad, el presidente Alberto Fernández fue tajante en su pensamiento: «Querían abrir los negocios de ropa y ahí están las consecuencias”.
El mandatario culpó a la mayor circulación de gente para ir a negocios de indumentaria al aumento de los contagios. Aunque el apuro del sector por volver a abrir sus negocios no parece ser un capricho o una insensibilidad, sino una cuestión de supervivencia.
La disputa política y judicial por Vicentin definirá muchas cosas respecto al clima de negocios y el respeto a la propiedad privada en la Argentina.
Mientras la seguridad jurídica se pone una vez más a prueba, en el corto plazo convivirán dos pandemias: el coronavirus y el cierre masivo de comercios e industrias, ante la imposibilidad de sobrevivir por la falta de ventas por un plazo tan prolongado y disminución de la ayuda del Estado para el pago de sueldos.
Por si fuera poco, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ya adelantó en el Senado que el próximo programa de ayuda para el pago de salarios se mantendrá sólo para sectores críticos, es decir aquellos que siguen sin abrir. El resto deberá conformarse como mucho con el pago del 25% del salario a cargo del Estado. (Infobae)