El presidente Alberto Fernández afirmó que «el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática», al contestar la carta que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le entregó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, tras una entrevista que el mandatario brindó el miércoles.
Casal había considerado una «perturbación» las expresiones que el jefe de Estado formuló sobre la actuación del fiscal Diego Luciani en el juicio que se sigue por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, entre 2003 y 2015, y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En una misiva, Fernández se dirigió a Casal, procurador interino, y señaló que en aquella entrevista hizo referencia «a la existencia de una ‘persecución judicial y mediática’ contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner».
«Debo señalar que dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el Fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso», aclaró el Presidente.
«Me he expresado en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional y sin infringir los límites establecidos en su artículo 109, toda vez que no he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas», remarcó Fernández.
Para el mandatario, «lejos de importar un ‘menoscabo’ a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso», sus declaraciones «constituyen una expresión de lo que observa una gran parte de la ciudadanía: que, a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la justicia federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y/o políticos, que a las normas vigentes, y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a argentinos y argentinas».
Y remitió que «el Estado de derecho no exime de críticas a los miembros del Poder Judicial, quienes también están sometidos al escrutinio público en una sociedad democrática, y cualquier ciudadano o ciudadana, incluido el presidente de la Nación, puede dar la voz de alerta cuando observa que algún magistrado o funcionario se desvía de su obligación constitucional de respetar el debido proceso y de la imparcialidad necesaria para actuar».
Fernández consideró que «el Sr. Procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente de la Nación en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna cuando el expresidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada».
«Y, mientras transcurría el juicio en el que este terminó condenado, publicó en su cuenta oficial de Twitter que ‘lo acompañamos y que confiamos en que la justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía'», refirió Fernández.
El jefe de Estado recordó que «tampoco llamó la atención del Sr. Procurador que el expresidente Mauricio Macri, también en ejercicio de sus funciones presidenciales, directamente instruyera a su Ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla».
«Y manifestara (textual) ‘creemos que no es un juez que actúe con ecuanimidad, que se prestó a un show mediático político’, al tiempo que le advertía al Consejo de la Magistratura que ‘Ramos Padilla ya ha hecho varias y realmente espero que el Consejo, con todas las pruebas que hay, evalúe seriamente destituirlo'», agregó.
«Puede observarse que, en este caso, no se trataba simplemente de la opinión del ex presidente, sino de un pedido expreso de destitución de un juez que recién comenzaba una importante investigación sobre graves acciones de espionaje ilegal», completó el Presidente.