Por: Roberto Garrone
Con cerca de 1800 millones de dólares exportados el año pasado –todavía no están los números finales- la pesca es el octavo conglomerado exportador de Argentina. En el año del coronavirus que acentuó la reducción de los precios de langostino entero y el filet de merluza, la abundancia del calamar disimuló lo que hubiese sido una caída estrepitosa.
En este contexto de regularidad en los niveles de exportación, bendecidos por la madre naturaleza que cuando no regala calamar inunda el mar de langostino, el gobierno trabaja en un régimen de fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador, que incluye a la pesca junto con otros múltiples sectores productivos nacionales.
Muy finos no están las autoridades nacionales, al menos el ministro de Economía, con la potencialidad que puede generar el valor agregado en el reproceso de pescado fresco. En la reunión del sábado pasado en la Escuela de Pesca, abrió grandes los ojos cuando desde el auditorio le aclararon que su fomento no implicaba una resignación de ingresos fiscales. Con subir al congelado y bajar al fresco las cuentas públicas no sentirían el impacto y habría más trabajo en tierra. Es básico pero cuesta que el mensaje suba más allá de Liberman.
El objetivo de la promoción a las exportaciones va más mucho más allá de esta intervención específica que podría resolver problemas urgentes en la pesca. Es más macro… busca dar un marco de beneficios y estabilidad que promuevan la incorporación de capital y tecnología en la agroindustria argentina y contribuya a lograr la meta de creación de 700 mil empleos y aumento de exportaciones a US$ 100 mil millones para la próxima década.
El Consejo Agroindustrial Argentino que aglutina a todos los actores productivos, trabaja en la redacción de un proyecto de ley que incluye: Amortización acelerada del impuesto a las ganancias para inversiones en bienes muebles, inmuebles e infraestructura. Devolución del IVA de inversiones con condiciones mejoradas respecto al régimen. Deducciones especiales del impuesto a las ganancias sobre la compra de insumos productivos.
Podrán tener estos beneficios las empresas agroindustriales que se inscriban en el Registro Nacional de Fomento al Desarrollo Agroindustria, creado por esa misma Ley. No obstante, para mantener los beneficios las empresas deberán acreditar un incremento en volúmenes de producción, exportación, ventas, personal ocupado o inversiones.
Este proyecto ya se está trabajando con representantes del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo el Ministro de Economía, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministro de Producción y la Administradora de la AFIP.
En la pesca destacan el espíritu de la iniciativa, aunque reconocen que hay varios puntos donde el beneficio relativo para el sector puede ser disminuido o nulo, o se establecen condiciones que no son cumplibles por las empresas del sector.
Como no figuró dentro de la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso, el proyecto se sigue debatiendo puertas adentro. Fundamentalmente la vigencia de los beneficios. Hasta ahora desde el Poder Ejecutivo sostienen que los beneficios tendrán una vigencia de 5 años con posibilidad de prorrogarlos por otro plazo similar. La propuesta del Consejo Agroindustrial Argentino es de una vigencia de 10 años general, con 15 para sectores específicos con mayor tiempo de maduración de la inversión.
El otro interrogante se posa sobre la obligación de incrementar actividad para mantener los beneficios Las empresas deberán demostrar cada año calendario la superación de al menos un indicador económico respecto a la Línea de Base.
Se define a la Línea de Base como el promedio del valor de cada uno de los indicadores por cada actividad de la empresa, en el último trienio calendario, previo al inicio de la vigencia de la Ley. La Línea de Base se calculará utilizando la información del formulario de inscripción en el Registro Nacional.
Los indicadores que conformarán la Línea de Base son: Volumen de ventas; volumen de producción física; volumen de exportaciones físicas; cantidad de personal ocupado; inversiones realizadas. Además establece que “La Autoridad de Aplicación establecerá para cada una de las actividades económicas detalladas en el Anexo I, que indicadores serán exigibles”.
Sobre este punto en la pesca consideran que las inversiones en el sector, en general, tienen una amortización en un plazo de 10 años. Por este motivo, consideran que el plazo de 5 años es muy reducido y que no tendría un impacto real sobre las inversiones del sector.
Fuentes empresarias aseguran que se debe tener en cuenta que el sector pesquero también realiza inversiones con montos altos y de largo plazo, como es la compra y renovación de buques. “Recomendamos que, para el caso de la pesca, se establezca un período de 10, o idealmente 15, años para los beneficios y su estabilidad”, informaron en un borrador que circuló en cámaras empresarias en los últimos días.
Desde otros sectores de la industria pudieron acceder al detalle técnico del anexo para validar que estén incluidas todas las actividades vinculadas a la cadena de producción pesquera. También intervenir en la metodología para la determinación de la Línea de Base para algunos casos excepcionales.
En el sector pesquero sostienen que las condiciones y regulaciones que existen en el sector hacen casi imposible pensar en un incremento del volumen de producción, ventas y exportaciones. Proponen avanzar hacia el desarrollo de otro indicador económico que refleje la realidad productiva y regulatoria del sector, y permita que las empresas accedan a los beneficios.
“Una posibilidad es avanzar hacia un criterio de procesamiento, por ejemplo mediante el cambio de posición arancelaria en la exportación”, confió un industrial. Otra alternativa sería buscar una mayor flexibilidad para el sector pesquero, apuntando a que se deban cumplir uno solo de los indicadores y que exista una instancia de diálogo previo con el gobierno antes de perder el beneficio.
El próximo 8 de febrero se reunirá la mesa pesquera específicamente para pulir un borrador que deberán presentar las cámaras empresarias con las alternativas propuestas para lograr el objetivo. Una es el tema de actualizar convenios laborales. “No queremos afectar derechos ya adquiridos”, aclaró un industrial en la semana.
La idea es ir hacia acuerdos por productividad como ocurrió en otros sectores productivos, tales como el automotriz y la exploración petrolera en Vaca Muerta donde no hay condiciones de efectividad sino de temporalidad.
Algo parecido a lo que firmó Iberconsa con el SOIP para sumar valor agregado al langostino. Aunque en este caso los empleos son permanentes. Con la capacidad financiera y de flota que tiene la empresa controlada por el fondo de inversión Platinium, la provisión de materia prima estaría garantizada.
Por último, las cámaras pesqueras proponen incorporar el beneficio para inversiones vinculadas a I+D y desarrollos que mejoren la sustentabilidad económica y medioambiental de la actividad. Una alternativa es financiar investigaciones del INIDEP o en artes selectivas.
Otra alternativa a plantear es la de promover beneficios para las inversiones en certificaciones. Se sabe que los productos certificados representan mayor valor de venta y por consiguiente traerían aparejado un incremento de las exportaciones