Por: Roberto Garrone

La plantilla excel que López Cazorla presentó esta semana con la propuesta de incremento de los derechos únicos de extracción (DUE) en la reunión del Consejo Federal Pesquero con los valores actualizados del arancel base por tonelada de las 35 principales especies que captura y exporta la industria, primero causó asombro y luego provocó alguna risa nerviosa entre el resto de los consejeros que esperaban acceder al documento hace más de seis meses; desde que Federico Sturzenegger aseguró muy suelto de cuerpo que en la actividad “pesca gratis”.

Para tener una idea del “impuestazo” que implica el nuevo esquema que Juan Pazo, el consejero fantasma –esta semana tampoco apareció su nombre en el acta- le entregó al Subsecretario de Pesca para poner en debate, el arancel base de la merluza hubbsi pasa del 5,1 a 23. El cálculo se basa en los valores de exportación cuando debería regirse por el valor del pescado en muelle. La pesca paga ya derechos de exportación. Un verdadero despropósito.

El arancel base se expresa en unidades de pesca (UP), cuyo valor actualizado es de 1244 pesos, el valor del litro de gas oil Premium. El arancel base para la pesca de abadejo se incrementaría de 44 a 182,8, siempre en el caso que lo declaren, una conducta como hemos visto, poco frecuente en Mar del Plata Para el langostino subiría de 49,3 a 194,2 y el del calamar pasaría de 6,4 a 30,9. La merluza negra saltaría de 196,6 de arancel a 894,6 y las centolla, de 174,2 a 885.

Como para aprobar el nuevo esquema requieren de dos tercios de los miembros del Consejo, al menos todavía respetan el Art 11 de la Resolución 4/2020, el proyecto no pasó del borrador y quedará para esta semana.

El gesto del gobierno de querer inflar el DUE en simultáneo con el momento crítico que atraviesa el sector sería curioso si no tuviese una colección de antecedentes nefastos para con la industria. La reforma de la Ley Federal de pesca para habilitar la entrega de los recursos al mejor postor para que los pesquen con cualquier barco y sin obligación de descargarlos en puertos argentinos, apenas fue el botón de muestra de un destrato que ya es la marca de identidad para con el sector.

Cuesta asimilarlo pero en el mar de incertidumbre que navega la pesca con la demora en la renovación de la CITC de merluza hubbsi, flotan un par de certezas: al gobierno le importa poco la suerte de la industria, sus empresas y trabajadores, las inversiones y sus proyectos de desarrollo como fuente generadora de divisas.

La otra ya la hemos advertido en anteriores entregas dominicales. Juan Antonio López Cazorla es un holograma de presencia más o menos frecuente en Paseo Colón, que cobra un par de millones de pesos al mes como Subsecretario de Pesca; suficientemente importantes como para impedirle una renuncia decorosa que lo salve del papelón histórico de ser recordado como la autoridad de aplicación que dejó vencer las cuotas de merluza y empujó a la industria pesquera al abismo.

La Provincia de Buenos Aires ahora requirió al Subsecretario para que eleve al Consejo “el conjunto de los antecedentes administrativos con los que se ha trabajado en los talleres y sesiones celebrados durante el corriente año, en los que este organismo avanzó en el proceso de cuotificación de la especie merluza común”.

Si Juan Antonio es honesto, la hoja que reseña las tareas de septiembre a la fecha debería entregarla en blanco.

La pesca no sabe cómo lidiar con un gobierno que cuando no va por los derechos adquiridos del sector, queda en modo off, inactivo, ausente para resolver emergencias. “Tenemos que arreglarnos solos y ahí meto a todos en el vestuario, empresas, trabajadores, sindicatos, gobiernos provinciales, municipios… No contemos más porque no nos miran. Somos la fea del baile”, razonaba un gerente patagónico luego de ver al Acta del Consejo.

Pero queda poco margen de autonomía cuando se depende de las políticas pesqueras que aplica el gobierno de turno. “Por ahí es momento de salir más fuerte. Te van a respetar por plantarte y no por esconderte”, completó la fuente.

Salir más fuerte no es una nota puntual ni un comunicado de la Intercámara, mucho menos un tuit promocionado. ¿Será una manifestación masiva por todas las ciudades puerto si la semana que viene no se aprueba la reasignación?. Veremos
¿Hay algo capaz de conmover al gobierno para sacarlo del éxtasis que le regala el superávit fiscal y la baja del riesgo país?.

Los números en rojo de todo sector exportador no alcanzan. La emergencia económica que hace tambalear el negocio pesquero ni los inmuta. Que una merluza entera valga 20% menos que en enero cuando se tuvo una inflación del 101,6% en los primeros 9 meses del año y en ese nivel se ajustaron los costos de producción, nada… Solo ninguneo y menosprecio.

Y la emergencia jurídica que implica no saber qué cuota de merluza se podrá pescar a partir del año que viene, queda claro que tampoco. Se han perdido posibilidades de pujar por contratos internacionales por esta falta de certezas. La posibilidad que la flota quede parada ante la imposibilidad de contar con las asignaciones de captura cobra fuerza con el correr de los días.

Las dilaciones abren el abanico de las suspicacias. Todo este ninguneo al sector pesquero tal vez esconda la intención de prorrogar el sistema para el año que viene porque no pu$ieron la que se habían comprometido a poner en septiembre cuando salió la renovación de las otras especies, y se volvieron a arrepentir la semana pasada.

Dada la responsabilidad que le corresponde por el rol que desempeña, en los estrados judiciales deberían concluir tarde o temprano todos los laberintos por donde camina Juan Antonio López Cazorla. Con o sin coimas, alquien debería denunciarlo por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

De la renovación de la cuota de merluza negra particularmente está interesado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), un órgano que se aboca a casos de corrupción en la órbita de la administración pública nacional. Y ya golpearon la puerta del Consejo para pedir información.

Buen domingo


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