El Gobierno dispuso la primera modificación del año en el presupuesto nacional, redistribuyendo partidas para reforzar los recursos destinados a educación, seguridad y salud, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La normativa precisó que la adecuación presupuestaria se ampara en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social declarada hasta diciembre del 2025 en el DNU 70/23 y reafirmada en la Ley Bases.
En ese marco, el Ejecutivo consideró que “dada la emergencia, es necesario que el Gobierno Nacional pueda asegurar una distribución razonable de sus recursos con el fin de poder cumplir con sus obligaciones”, sosteniendo que “para ello, corresponde adecuar el presupuesto nacional que se encontrará vigente a lo largo del corriente ejercicio, asignando recursos adicionales a áreas concretas”.
Asimismo, advirtió que “de no realizarse la modificación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional”.
En el texto oficial también se estableció un régimen especial para regularizar deudas con las generadoras del sector eléctrico, dispuso créditos para distribuidores de energía que no tengan deudas con CAMMESA, se habilitó el endeudamiento externo de provincias y quedó estipulada la posibilidad de que Nación salde obligaciones con las provincias mediante la cesión de bienes estatales.
En relación al último aspecto mencionado, se explicó que “los bienes inmuebles que son innecesarios y/o sin destino de propiedad del Estado nacional podrán ser afectados al pago de deudas, lo que permitirá sanear parcialmente las cuentas públicas y aliviar el gasto que conlleva el mantenimiento de aquellos bienes que no aportan un valor fundamental para los fines estatales”.
En materia educativa, el DNU restableció la vigencia del artículo 7 de la Ley 26.075 para garantizar la distribución automática de fondos relativos a los servicios de educación a provincias y municipios.
Al respecto, se aseguró que “ello responde a que este Gobierno Nacional valora la educación y entiende que es necesario destinarle los recursos suficientes para que puedan cumplirse sus fines esenciales, garantizando los derechos de los ciudadanos y permitiendo la movilidad social ascendente”.
Por otro lado, se aprobó el pago de aportes al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) por US$2,5 millones en tres cuotas anuales y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$436,9 millones en siete cuotas. (NA)