El Gobierno imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, por los aumentos que aplicaron por encima de la inflación.
«La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt. A partir de ahora, las firmas del sector imputadas tienen 20 días hábiles para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas», anunció este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
El funcionario aclaró que de comprobarse la infracción, el Gobierno podrá multar a las empresas con el 30% de su volumen de negocio o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido.
El anuncio hecho en conferencia de prensa sigue la línea de investigación hecha por la CNDC, ente que emitió un dictamen aconsejando al secretario de Industria y Comercio – Pablo Agustín Lavigne – imputar a las empresas nombradas por Adorni. Además, la comisión también propuso denunciar a la confederación que agrupa a las compañías prepagas y a la persona que las presidía.
Durante su alocución, el vocero presidencial afirmó que la medida surge a partir de una denuncia por cartelización vinculada a la fijación de precios ocurrida entre los meses de diciembre 2023 y abril 2024.
«En abril, el Ministerio de Economía intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre, y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación», detalló Adorni.
«La CNDC recuerda que los acuerdos entre competidores o prácticas concertadas, comúnmente conocidos como cárteles, constituyen una infracción grave a la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 30% de la facturación de las empresas infractoras en Argentina», detallaron desde la Secretaria de Industria y Comercio sobre el delito imputado a las prepagas y a Belocopitt.
En efecto, la intervención también exigió «cesar con cualquier tipo de intercambio de información, ya sea en el marco de las reuniones de la UAS o cualquier otro ámbito, que implique precios, servicios a proveer, costos y cualquier otra información comercial», según detallaron desde un comunicado oficial de la Secretaria de Industria y Comercio.
En el marco de la imputación realizada, las personas jurídicas y humanas tendrán 20 días hábiles para realizar su descargo. Además, la CNDC fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles – y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más -, para que se produzca la prueba concedida.
Tras este periodo, las partes imputadas tendrán 6 días hábiles para presentar sus alegatos. Luego, deberá tomarse una decisión sobre la imputación realizada. (Clarín y Ámbito)