El Gobierno eliminó las regulaciones que imponían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable.
Anteriormente, los aumentos estaban limitados entre un 5 % y 10 % mensual, pero esta restricción ya no se aplica, permitiendo a las empresas fijar los precios que consideren más convenientes.
Esta medida fue tomada por los interventores de ENACOM (Ente Nacional de Telecomunicaciones), Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el DNU 690/2020. Este último decreto declaraba a los servicios como públicos esenciales y estratégicos.
La normativa entra en vigencia el día de su publicación, por lo que afectará las tarifas a partir de julio.
Los considerandos señalan: «Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».
Además, agregan: «Los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente».
El decreto también argumenta: «El DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados«.
Finalmente, considera: «Resulta necesario proveer los medios necesarios con el fin de lograr un mejor desarrollo de los servicios de telecomunicaciones acorde a las circunstancias fácticas y jurídicas reinantes. Es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida (…)». (Infobae)