El Gobierno terminó por traspasarles todas las llaves de las empresas públicas al abogado Diego Chaher para acelerar las privatizaciones. A través del decreto 764 publicado el miércoles, el funcionario bendecido por el asesor presidencial, Santiago Caputo, ganó mayores atribuciones dentro del Ministerio de Economía, que le permitirán desde efectuar despidos y designar directores e interventores hasta reducir, cerrar y vender compañías estatales.
El titular de la Agencia de Transformación de Empresas públicas ya no será solamente un asesor, como lo era desde julio, sino que tendrá rango y jerarquía de secretario en el equipo del ministro Caputo. «A partir de ahora todas las empresas tienen que pasar por Chaher, antes era asesoramiento, ahora es el brazo ejecutor: decide contrataciones, decisiones presupuestarias, transformaciones, puede cerrar, o echar», señaló una fuente oficial.
El exgerente de Grupo América, después de ser el interventor de los medios públicos y cerrar Télam, fue ascendido a la secretaría de empresas públicas, que en julio fue reconvertida en agencia. Ahora tiene contacto con todos los ministros, en particular con el de Desregulación, Federico Sturzenegger, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y Luis Caputo.
Chaher todavía debe designar un subsecretario y cinco directores en la agencia. Desde allí podrá intervenir, en los aspectos legales y normativos de los proyectos integrales de intervención, liquidación, cierre, privatización, venta total o parcial de paquete accionario, iniciativa privada, fusión, escisión, disolución, transformación y disposición estratégica de las participaciones y/o de los activos de las empresas. Y también controlará las concesiones.
La Ley Bases promulgada en julio autorizó la venta de ocho empresas: Enarsa e Intercargo, AYSA, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos (Sofse) y Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio. La expectativa es concretar las primeras transferencias en los próximos meses. «De acá a fin de año vas a tener varias transformaciones y privatizaciones», aseguran en el gobierno.
La intención es avanzar con las empresas que ya fueron «transformadas» mediante la reducción de gastos y personal. En el Gobierno aseguran que ese es el caso de Intercargo, la empresa de asistencia en tierra para las aerolíneas más importantes del país. Pero primero deberá convertirse en Sociedad Anónima y sortear la resistencia sindical, en medio de un fuerte conflicto salarial.
En el caso de AYSA, se evalúa la concesión a un operador privado a largo plazo (y que el Estado quede a cargo de las obras de infraestructura y mejoramiento) o la salida a la Bolsa y venta de la mayoría del paquete accionario como la brasileña Sabesp, la Companhia de Saneamento Básico do Estado de Sao Paulo.
La empresa de aguas argentinas aplicó un fuerte plan de retiros voluntarios que recortó 1.400 empleos. Y ahora tendría entre los interesados a Mekorot, la compañía nacional de agua de Israel que provee el 80 % del agua potable de ese país y controla el suministro en territorios palestinos. De hecho, ya tiene vínculos con Argentina: el exministro de Interior, Eduardo de Pedro firmó el año pasado un acuerdo de asistencia técnica, al que ya adhirieron 12 provincias.
Por fuera de la Ley Bases, el Gobierno avanza con la auditoría para vender la metalúrgica mendocina IMPSA que en 2021 había sido estatizada por Alberto Fernández. Y este mes extendió hasta el 14 de septiembre el plazo para la compañía estadounidense ARC Energy concrete una oferta. (Clarín)