El Gobierno, a través de su vocero presidencial Manuel Adorni, denunció irregularidades y desmanejo de fondos en la entrega de pensiones por discapacidad durante las gestiones anteriores: «Se estima que solo en el último año se desviaron fondos equivalentes a u$s 3.400 millones«.
En su habitual conferencia de prensa, el funcionario detalló los números irregulares que, según denunciaron, corresponden a los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.
«A modo ilustrativo, entre 2003 y 2015, los tres gobiernos kirchneristas, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000. Entre 2015 y 2019, esta cifra bajó marginalmente hasta 1.026.000 y luego, el dato a diciembre de 2023, esta cifra de pensiones se ubicó en 1.222.000 beneficiarios», explicó.
«Este número estratosférico no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares o catástrofes naturales», agregó.
Adorni detalló en su explicación el tipo de «incompatibilidades» presentadas por parte de los beneficiarios.
«Del total de pensiones otorgadas, hay 25.000 personas pensionadas que actualmente están trabajando, 60.000 personas que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, cobran la pensión y tienen varios autos, propiedades, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados», señaló.
El funcionario explicó que, a cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez, también se le otorgó el servicio de la obra social Incluir Salud, «que representó una transferencia promedio desde el Gobierno Nacional a las provincias de 1.500.000 pesos por afiliado«.
Adorni detalló algunos casos que fueron revelados por las auditorías que se están llevando a cabo en todos los organismos:
— «En el Chaco, por ejemplo, una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez diferentes durante la gestión pasada».
— «En 2022, un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó una radiografía de un perro como certificado para la obtención de una pensión por un ‘trastorno de disco lumbar e hipertensión'».
— «La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez. De estas 683 pensiones, el 65 % fueron otorgadas en menos de 30 días, en comparación con el promedio de los trámites del organismo que tardan 2 años, y el 90 % de los pensionados se salteó la auditoría médica». (Ámbito)