Por: Roberto Garrone
Designados los hombres de “Toto” Caputo como representantes del Poder Ejecutivo, esta semana comenzará a sesionar el Consejo Federal Pesquero tras más de tres meses de demora. Hay un sinnúmero de temas por resolver, proyectos de reformulación, asignación de cuotas sociales, transferencias de cuota de una provincia a otra, informes técnicos y hasta cuándo seguirá abierto el área norte del área de veda para la pesca de langostino.
Nada parecía que podía resolverse sin la presencia de Juan Pazo, el ladero del Ministro, especialista en asuntos textiles, agrícolas y en no declarar un departamento de lujo en Miami en su última declaración jurada. Nimiedades…Miguel Schmukler parece no tener tantos antecedentes como evasor. Sí es asesor de Caputo y obrará bajo sus directivas.
“En dos semanas resolvemos todo lo pendiente y nos vamos poniendo en orden”, aseguran desde Paseo Colón.
El nuevo orden libertario por ahora se deja ver en el caso TAI AN. La empresa Prodesur debería haber pagado 2500 millones de pesos para recuperar las 135 toneladas producidas de la pesca ilegal de merluza negra.
En las últimas horas se supo que la empresa solo pagó 750 millones de pesos y no solo en Pesca le liberaron la carga sino que hasta le entregaron el certificado de captura legal, indispensable para poder exportarla a razón de más de 25 mil dólares las 90 toneladas de tronco, sino que Prodesur hasta se autoadjudicó un plan de cuotas para abonar el resto.
La libertad de transformar en legal una captura ilegal y elegir el modo de pagarlo, con López Cazorla haciendo gestiones ante SENASA y Aduana para lograr que su amigo Liu pueda vender su carga. Los beneficios del modelo libertario. ¿Cómo era?… Un ejemplo de transparencia y coso…
El TAI AN se prepara para iniciar una nueva marea. El trabajo de Gauto, la inspectora sorteada (?) a bordo, será mirado con varios ojos. Volvió el depredador impune de juveniles de merluza negra.
¿Cómo actuarán los cinco miembros del Poder Ejecutivo en el nuevo CFP? ¿Serán un bloque compacto para aplicar lo que el gobierno libertario no pudo con su proyecto de reforma a la ley federal de pesca?. ¿Los representantes provinciales tendrán autonomía o su rol estará marcada por los gobernadores y sus urgencias presupuestarias?
Levantar el precio de los derechos únicos de extracción estaría descontado desde las primeras sesiones. Nadie pesca gratis en Argentina como ha dicho Sturzenegger, el ministro sin cartera del gabinete libertario, pero si son coherentes con lo que dicen, deberían arrancar ajustando ese valor.
Dentro de todas las urgencias cobra relevancia el futuro de la Disposición 04/2023 que establecía la obligatoriedad para el marcado de redes de arrastre para la flota que opera en aguas nacionales a partir del 8 de mayo. También el control efectivo del número cajones al momento de la zarpada y al final de la marea para mitigar el impacto que tienen los residuos plásticos en las playas patagónicas.
«No sabemos por qué aplican una medida para todos los arrastreros cuando desde la FAO buscaban resolver un problema con las redes de enmalle», expuso el armador Juan Taranto, integrante de CAPEAR ALFA, el jueves en “Desde el Muelle».
En realidad, desde la firma de la Disposición hasta su vigencia hubo un año de plazo; tiempo donde además de talleres y jornadas de trabajo en los principales puertos del litoral marítimo, la autoridad de aplicación habilitó espacios para la interacción con los administrados.
Suena ilógico que se aplique una medida que tiene bajo impacto en la pesca nacional –es infrecuente que los equipos se pierdan y si ocurre, hay manera de encontrarlos con precisión, siendo el principal interesado en recuperarlo es el propio pescador dado el costo del insumo.
Pero también no deja de ser curioso que habiendo tenido todo un año para plantear las quejas y/u observaciones a la nueva norma, desde el sector armatorial hayan esperado al filo de su vigencia para plantear las críticas y su derogación o aplazamiento.
En Pesca tomaron nota del reclamo y aseguran que el marcado de las boyas lo van a prorrogar. Por ahora rechazaron la posibilidad de derogar la Disposición porque le encuentran elementos positivos. “Vamos a generar un espacio de tiempo para que todos identifiquen sus artes de pesca”, anticipó un allegado a López Cazorla esta semana.
Sin mayores precisiones, el mensaje que transmite la nueva administración es bastante ambigua. No la van a derogar pero tampoco saldrán a infraccionar a nadie que no la cumpla. Nadie sabe qué pasará con el tema cajones. Tampoco quedan muchos inspectores en muelle como para certificar el cumplimiento de la Disposición.
Donde la administración pesquera tiene hay mayores certezas es en el INIDEP. López Cazorla ya tiene definido al nuevo Director. No es Agustín Ocampo, el gerente General de Glaciar Pesquera, cuyo nombre circuló con insistencia la semana pasada, pero tiene un perfil parecido.
Su designación se conocerá esta semana. Arriba a la función pública desde el ámbito privado, tiene nulos antecedentes en la gestión gubernamental y poco conocimiento del funcionamiento del INIDEP. Suple todas las falencias con las ganas de colaborar. ¿Alcanzará con eso?
El punto es que el futuro nuevo Director no es biólogo, como marca la exigencia del Instituto, sino bróker de pescados y mariscos. Más allá de ese pequeño detalle…. Hay que tener ganas de agarrar un Instituto con reducción presupuestaria y la amenaza latente de nuevos cortes de la motosierra a partir del mes que viene. Que Otto vuelva a la DNI seguro le aporte tranquilidad. Al menos por un tiempo.
Buen Domingo