El diputado provincial liberal, Guillermo Castello, elevó a la Legislatura provincial un proyecto de ley para habilitar la construcción y administración de unidades penitenciarias privadas en la Provincia de Buenos Aires.
El proyecto aclara que los reclusos obtendrán los mismos derechos y garantías que aquellos que se encuentren en cárceles públicas, y deja explícita la aplicación de procesos evaluativos de forma periódica como así también de informes públicos sobre el funcionamiento de la institución.
El proyecto apunta a “ofrecer una alternativa concreta a la construcción y gestión de establecimientos carcelarios con el objetivo de contribuir a un mejoramiento de la política penitenciaria ampliando las herramientas del Estado en la materia”, según explica en los fundamentos del proyecto.
El diputado liberal manifestó: “Ante la grave crisis de seguridad que padece la Provincia, con una sobrepoblación carcelaria que ronda el 120%, y ante la insuficiente inversión estatal para ampliar la capacidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, proponemos la intervención total o parcial del sector privado en la construcción y gestión de las unidades penitenciarias, dejando a cargo del Estado el tratamiento y rehabilitación de los internos, así como las tareas de seguridad y vigilancia».
Para finalizar Castello sostuvo que «la población carcelaria en la Provincia es de 58.000 reclusos, con una capacidad de 27.000, a lo que hay que sumar cada año otros 2.500 y que el Estado carece de recursos para encarar la construcción de cárceles. Por eso, el gobierno de Kicillof debería dejar de lado sus prejuicios ideológicos y permitir la participación privada, que siempre es más eficiente, mas profesional, menos burocrática y menos corrupta que la administración pública».