En el marco del día mundial contra la explotación sexual, desde la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata/Batán hicieron eje en la importancia de avanzar en la reconstrucción del inmueble donde funcionó el exprostíbulo Casita Azul, para transformarlo en la Casa Marplatense de Memoria y Lucha contra la Trata de personas, conforme está establecido en la ley de expropiación 14.592 sancionada en abril de 2014.
“Uno de los primeros proyectos que impulsamos y que pudimos concretar fue la expropiación del ex prostíbulo Casita Azul, situado en el barrio de La Perla. Sin embargo, debimos sortear numerosos inconvenientes y demoras, para alcanzar el juicio de expropiación en septiembre de 2019”, recapitularon desde el espacio amplio y plural que viene trabajando en la prevención y concientización de la trata, con eje en la asistencia a sus víctimas, desde 2012.
“A seis años de la sanción de la ley, estamos a la espera de una última instancia: el traspaso del inmueble desde el gobierno provincial al Municipio de General Pueyrredon, que es parte de esta Mesa por intermedio de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Contamos con la buena predisposición de las partes para cuanto antes poder ingresar a la casa, ponerla en valor y transformar finalmente aquel lugar de explotación y sometimiento de mujeres, en la Casa Marplatense de Memoria y Lucha contra la Trata de personas”, señalaron a través de un documento.
107 AÑOS DESPUÉS
Cada 23 de septiembre, desde 1999, se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Así fue definido por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh.
La fecha no es azarosa sino que refiere a la fecha de la sanción en Diputados de la denominada Ley Palacios, ley 9.143, en 1913: fue el primer instrumento legislativo para combatir la trata de personas en el país y en América Latina. La norma fue impulsada por el diputado socialista Alfredo Palacios, quien entonces denunciaba el tráfico de mujeres rusas y polacas que eran llevadas a Buenos Aires para su explotación en burdeles, entonces reglamentados.
“No sólo el manto de la reglamentación encubría la esclavitud de mujeres y niñas –ya que el instrumento legal que amparaba el accionar de cafiolos, rufianes y proxenetas dictado en 1875 establecía que ‘no podrá haber en los prostíbulos mujeres menores de 18 años, salvo que se hubieren entregado a la prostitución con anterioridad’- sino que invisibilizaba de alguna manera el accionar de la Zwi Migdal, la asociación de rufianes que funcionaba como una sociedad de socorros mutuos, denunciada una década después por Raquel Liberman”, repararon desde la Mesa.
Palacios –un letrado que había colocado en la puerta de su casa la placa que indicaba “Abogado. Atiende gratis a los pobres”- hablaba entonces de “jóvenes incautas que son traídas a nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas”. Y señalaba con certeza que “la madre de la prostitución es la miseria”.
Desde la Mesa explicaron que con la “Ley Palacios” el país comenzó a delinear su mirada abolicionista sobre la prostitución, que sería luego sostenida por la denominada ley de profilaxis 12.331 de 1936 –que prohibía el establecimiento de prostíbulos denominados entonces casas de tolerancia y penaba a proxenetas-, los convenios internacionales a los que adhirió años más tarde, y la ley de persecución de la trata y asistencia a su víctimas, sancionada en 2008 y mejorada en diciembre de 2012.
¿Qué implica la mirada abolicionista? “La no persecución de las mujeres, niñas/niños, travestis y trans en situación de prostitución, pero sí el castigo a quienes promuevan o faciliten la prostitución de personas, y a quienes estuvieran implicados en las distintas etapas de la trata de personas, captación, traslado y acogimiento con la finalidad de explotación sexual”, informaron.