Este 1° de enero de 2025 entra en vigencia el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, proyecto que ideó la ONG Lógica y se convirtió en ley en junio.
Había recibido media sanción en Diputados antes. Pero al estar incluido en el paquete fiscal de la Ley Bases, debió volver a la Cámara Baja para su tratamiento, hasta que a mediados de año se sancionó.
Tras su reglamentación a mitad de diciembre por parte de la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), a partir de este miércoles los comercios deberán incluir en tickets, facturas y comprobantes de compra el detalle de impuestos que paga el consumidor, como ya ocurre con servicios turísticos en el exterior, como paquetes y pasajes aéreos.
Será progresivo y en una primera etapa aplicará para grandes superficies, como cadenas de supermercados, electrodomésticos y electrónica, artículos para el hogar, materiales para la construcción e indumentaria. La medida alcanza a las consideradas grandes empresas en el Régimen de Facturas de Crédito Electrónicas MiPymes de ARCA.
Por el momento, discriminarán la carga impositiva en el ámbito nacional, por lo que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros gravámenes indirectos −con alícuotas de entre 5% y 35%− se expondrán de forma separada del monto final a abonar. Comercios más chicos adherirán, inicialmente, de forma voluntaria y desde el 1° de abril será obligatorio. Algunos se anticiparon y lo implementaron en los últimos días de diciembre.
Más adelante, se espera que el nivel de detalle sea mayor, de modo tal que aparezca, por un lado, el precio de lista del producto (precio neto) y, por otra parte, el desglose de todos los impuestos que se aplican (precio bruto), como Impuesto sobre los créditos y débitos y a la importación.
A su vez, se invitará a las provincias a sumarse para incluir Ingresos Brutos y tasas municipales. El aumento de estas últimas en municipios K generó malestar en el Gobierno nacional y provocó la pelea con supermercados, que subieron sus precios en consecuencia, apuntaron a los intendentes como los responsables y fueron a la Justicia.
Con un 94% de los ciudadanos que quieren conocer los impuestos que pagan en el país −que tiene la carga tributaria más alta del mundo-, según una encuesta de Poliarquía, la propuesta apunta a generar conciencia fiscal cada vez que se compra un bien o servicio.
Así, busca «garantizar la transparencia de forma clara y accesible” y se ampara en la Constitución Nacional y el Código Civil. La primera prevé en su artículo 42 que “el derecho a información adecuada y veraz», por lo que «se propicia la concientización ciudadana y un sistema transparente y honesto”. En tanto, el segundo remarca “la obligación de suministrar datos detallados». (Clarín)