El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, pidió el juicio político para los jueces del Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Mar del Plata por mal desempeño en sus funciones, al no tener en cuenta la perspectiva de género en el juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente de 16 años abusada y asesinada en octubre de 2016.
Mediante un comunicado, la Defensoría informó que el pedido fue realizado al secretario permanente del Jurado de Enjuiciamientos de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, Ulises Giménez, y alcanza a los jueces Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Juan Facundo Gómez Urso, quienes en el juicio por la muerte de la adolescente condenaron a los acusados por venta de drogas pero los absolvieron por el abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y encubrimiento agravado.
Ese fallo, dictado en 2018, fue anulado el 12 de este mes por la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que ordenó que se realice un nuevo debate, «con la premura que el caso amerita», a los acusados Matías Gabriel Farías (26), Juan Pablo Offidani (45) y Alejandro Alberto Maciel (62), aunque en el caso del último la acción penal se extinguió por su muerte, ocurrida semanas atrás.
Ahora, al pedir el juicio político de los magistrados marplatenses, el defensor del Pueblo consideró: “En la sentencia se revelaron estereotipos sexistas y discriminatorios, donde nos encontramos con un juicio sobre la vida de Lucía en lugar de un análisis de la conducta de los acusados».
«Es un fallo que refleja el mal desempeño de los magistrados porque las normas que protegen los derechos de las mujeres fueron utilizadas en contra de la víctima”, sostuvo Lorenzino.
«En la sentencia se tomaron en cuenta las comunicaciones privadas de la víctima, sus experiencias sexuales, su relación familiar, su tendencia al consumo de drogas, su labor escolar, sus relaciones de amistad, entre otros ejemplos, que fueron utilizados por los magistrados de manera prejuiciosa y destinados a avalar la existencia de un supuesto consentimiento por parte de la víctima menor de edad», añade el comunicado.
Para el defensor, “la ausencia de la perspectiva de género» provoca «una afectación del acceso a justicia de las mujeres y por ende una grave vulneración de los derechos expresamente tutelados como grupo especialmente vulnerable, que no puede ser desconocida por magistrados».
En esa línea, Lorenzino argumentó que «la utilización de estereotipos sobre las conductas y la vida sexual de las mujeres y niñas reproduce la violencia de género y sus resultados conlleva la impunidad de los casos que se investigan y sancionan, lo que se transforma en un mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada».
El pedido de juicio político se centra en «la incompetencia o negligencia demostrada para el ejercicio de sus funciones, el incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, y la realización de actos de parcialidad manifiesta».
“El accionar de estos jueces no puede ser tolerado en un Estado constitucional de derecho, que debe iniciar una investigación y proceder en caso de que así se decida a la destitución de los magistrados. Estamos frente a una sentencia que implica un grave retroceso en el ámbito de los derechos humanos”, puntualizó Lorenzino.
La muerte de Lucía ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la joven había conocido a Farías y Offidani un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.
Al día siguiente, Farías citó a la chica en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde habría sido drogada y abusada hasta la muerte.
El cuerpo fue llevado luego a un centro asistencial de Playa Serena, y según la instrucción del caso, fue lavado y acondicionado con la ayuda de Maciel. (Télam)