Luego de presentarse ante la Cancillería, la Secretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, en el marco de la ley de acceso a la información 27275, el diputado Gustavo Pulti de Unión por la Patria promovió un pedido de informes en la legislatura bonaerense dirigido al gobierno nacional.
«Vamos a pedir el apoyo de todas las bancadas, no se debe minimizar ni encubrir si hubo corrupción y funcionarios que pretenden enriquecerse ilicitamente con recursos estratégicos de la nación» señaló Pulti. También pide al gobierno nacional que ratifique o rectifique si hay una denuncia en la Embajada de Estados Unidos.
El pedido de informes presentado en la Legislatura se dirige a la Jefatura de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Economía de la Nación y la Cancillería para que informen sobre las denuncias de corrupción informadas por diferentes medios contra agentes del Gobierno Nacional vinculadas a la renovación de las «cuotas de pesca» correspondientes al Régimen General de Cuotas Individuales y Transferibles de Captura, cuyo vencimiento opera el 31/12/2024.
«Las denuncias son gravísimas, y el silencio del gobierno nacional, que no refuta a los medios y tampoco da explicaciones, encubre lo que sucedió. Queremos saber quién pidió las coimas y si se ratifica o se rectifica que hay una denuncia en la Embajada de Estados Unidos» agregó el diputado provincial, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca.
La iniciativa presentada por el diputado Pulti solicita que se informe «cuáles han sido las medidas adoptadas en el marco del proceso de renovación de las cuotas, qué funcionarios han sido designados para intervenir y llevar adelante el proceso de renovación de las CITC en curso y si se ha tomado conocimiento de la denuncia efectuada por la firma Iberconsa, controlada por el fondo norteamericano Platinum Equity, ante la Embajada de los Estados Unidos respecto de la existencia de actos de corrupción efectuados por agentes del Gobierno Nacional».
También requiere que informen «cuáles son las medidas que se han adoptado frente al estado público de la denuncia de corrupción y, en su caso, si se ha dado intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y a la Oficina anticorrupción para que proceda a materializar los pertinentes sumarios administrativos y la denuncia penal pertinente».
Pulti remarcó que «es una responsabilidad de la Cámara de Diputados preguntar sobre la transparencia y legalidad de una decisión que afecta el trabajo de más de 60.000 bonaerenses, marplatenses y muchos otros argentinos y argentinas» y finalizó afirmando que «el gobierno nacional tiene que dar explicaciones, de otra forma está encubriendo la corrupción».