La concejala de Unión por la Patria Mariana Cuesta presentó un pedido de informes para que OSSE y el gobierno municipal expliquen cómo cumplirán la sentencia que declaró ilegítimo el aumento del 142,7% aplicado en las facturas de enero y febrero de 2024.
“OSSE perdió en primera instancia y volvió a perder en la Cámara. La Justicia dijo que el aumento fue ilegal y que debe devolver lo cobrado de más. Ahora queremos saber cuánto debe, cómo lo va a devolver y cuándo se verá reflejado en las facturas”, sostuvo Cuesta.
La Justicia determinó que el incremento fue aplicado sin realizar previamente una audiencia pública ni garantizar otro mecanismo efectivo para que los usuarios pudieran participar antes de que se tomara la decisión.
“No se puede aumentar primero y escuchar después. La participación de los vecinos debía ocurrir antes de que el aumento llegara a las facturas”, afirmó la presidenta del bloque de Unión por la Patria.
El fallo confirmó que el dinero cobrado de más deberá reconocerse como crédito en futuras facturaciones y que la devolución alcanza a todos los usuarios afectados. Todavía falta determinar el monto correspondiente a cada uno, cómo se actualizará y en cuántas cuotas será acreditado.
“Este aumento fue una decisión de la gestión de Montenegro y de OSSE. Ellos generaron el problema y tienen que hacerse cargo. No pueden seguir apelando para patear la devolución y dejársela al próximo gobierno”, señaló Cuesta.
La concejala recordó que la demanda comenzó en diciembre de 2023 y que desde diciembre de 2025 existe un fallo que ordena devolver lo cobrado de más.
“Hace más de dos años que conocen la causa y hace meses que saben que deben devolver la plata. Tuvieron tiempo para prepararse. Ahora tienen que explicar qué hicieron y presentar un plan”, agregó.
El proyecto solicita conocer las condiciones y los plazos de la devolución. También pide informar si el Municipio presentará nuevos recursos judiciales, cuánto costaría continuar el litigio y qué previsiones presupuestarias realizó OSSE para afrontar los créditos, las costas y la posible indemnización adicional del 25% prevista en la Ley de Defensa del Consumidor.
“Queremos cuidar a OSSE porque es una empresa de todos los marplatenses. Pero cuidarla también es respetar a sus usuarios, cumplir los fallos y no trasladarle al próximo gobierno las consecuencias de una decisión que tomó esta gestión”, concluyó Cuesta.