Buenos Aires, 3 de septiembre de 2025 – La situación alimentaria de la población argentina atraviesa una situación comprometida que se arrastra desde hace muchos años. Así lo confirma un documento técnico presentado esta semana en el XXIII Congreso Argentino de Nutrición, el encuentro científico más relevante del país en la disciplina.
El informe, elaborado por un equipo de expertos encabezado por el Lic. Sergio Britos, advierte que casi 26 millones de personas en Argentina presentan sobrepeso u obesidad. Sin embargo la malnutrición se manifiesta también en dietas insuficientes y poco diversas, especialmente entre los sectores de menores recursos y en la infancia.
“En las últimas décadas, se consolidó un patrón alimentario que combina exceso de calorías con déficit de nutrientes esenciales y de alimentos clave en la dieta. La mayoría de los argentinos realiza una dieta muy desequilibrada que conduce a múltiples deficiencias y a enfermedades crónicas. Pero no se trata de una responsabilidad individual: forma parte de un sistema alimentario que desde un inicio no tiene como objetivo explícito producir suficientes dietas saludables, acompañado de una economía que limita el acceso a las mismas y una visible ausencia de Educación Alimentaria y Nutricional”, afirmó el Lic. Sergio Britos, coordinador del informe y Vicepresidente del XXIII Congreso Argentino de Nutrición.
El documento, titulado ‘Sistema alimentario en la Argentina: seguridad alimentaria, dietas saludables y salud ambiental’, describe que la malnutrición atraviesa todas las etapas de la vida. En la infancia, se expresa en amplios déficits de hierro, vitamina D, calcio, zinc y ácidos grasos esenciales. En la adolescencia, persisten las dietas escasas en vegetales, frutas y lácteos y excesos de harinas refinadas, panificados y alimentos ocasionales. En los adultos, se manifiestan altos niveles de obesidad y enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial y cardiovasculares.
A esta realidad, el trabajo suma un dato inquietante: la inseguridad alimentaria alcanzaba en 2024 al 35,5% de los niños y adolescentes. Eso implica que más de uno de cada tres chicos no accede de forma adecuada y sostenida a los alimentos que necesita para desarrollarse. Y, aún más grave, lo poco que llega a su mesa suele tener una calidad nutricional muy pobre.
“La malnutrición no es solo la falta de comida. Es muy especialmente el hambre de calidad. Y los datos muestran que nuestro sistema alimentario no es eficaz en asegurar lo más básico: que todos puedan acceder a alimentos frescos, variados y nutritivos”, resume Ayelén Borg, licenciada en Nutrición, coautora del documento y especialista en políticas alimentarias.
La investigación presentada en el Congreso de Nutrición realiza un análisis integral del sistema alimentario argentino y plantea con claridad que la causa del problema no es la falta de alimentos: de hecho, en el país existe una disponibilidad energética por encima de las 3300 calorías y 120 gramos de proteínas por persona. El problema es cuáles son los incentivos que determinan qué tipo de alimentos se producen y cómo se distribuyen.
Nuestro sistema, sostiene el informe, produce en exceso granos , aceites y carnes, pero no alcanza a cubrir las cantidades mínimas necesarias de frutas, verduras, legumbres ni lácteos. Estas brechas afectan especialmente a muchas provincias, donde la diversidad productiva es limitada. Solo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe abastecen una parte mínimamente significativa de los alimentos que componen una dieta saludable. El resto depende de alimentos que se originan en lugares muchas veces muy distantes, encareciendo costos y logística y limitando la posibilidad de consumos de cercanía.
“Cuando uno observa qué se produce y qué se come, queda claro que no hay una estrategia ni objetivos nutricionales que orienten al sistema alimentario. Es clarísimo que las Guías Alimentarias (GAPA) no se utilizan ni se visibilizan como faro del sistema. Se produce en función a los incentivos propios del mercado y de las políticas definidas por los Gobiernos y no existen otros (incentivos) que favorezcan mayores equilibrios desde una perspectiva de salud y nutrición, ni estrategias que modifiquen los comportamientos de los consumidores en favor de las dietas más saludables”, advirtió Britos.
Pero el diagnóstico no termina ahí. Otro factor central que agrava la situación es el costo relativo de los alimentos más nutritivos. Según el análisis económico del informe, comprar 100 calorías de alimentos saludables -como frutas, verduras o lácteos- cuesta hasta siete veces más que obtener las mismas calorías en base a panificados o harinas; y tres veces más que alimentos de bajo valor nutricional.
En un contexto de difícil situación económica y elevados índices de pobreza, esta diferencia tiene efectos adversos. Durante casi tres cuartas partes de los últimos siete años (2018-2025), los alimentos más saludables fueron sistemáticamente más caros. Así, la dieta de los sectores vulnerables además de haber sido insuficiente en cantidad, lo fue sobre todo en calidad, afirma el trabajo.
“El sistema impositivo también impacta de manera negativa y regresiva: hasta el 40% del precio de los alimentos está compuesto por impuestos. Eso encarece aún más lo saludable y refuerza la desigualdad. Hay que poner este tema en la agenda y -en el marco del necesario equilibrio fiscal- pensar en formas creativas para que los mejores alimentos tengan menor carga impositiva”, sostuvo la Lic. Borg.
El documento también cuestiona la actual Canasta Básica de Alimentos (CBA), utilizada como referencia oficial para medir la pobreza. Según los autores, desde hace muchos años esta canasta ha dejado de representar una dieta saludable. Los alimentos más nutritivos de una alimentación de calidad cuestan, en promedio, un 37% más que el valor informado por el INDEC para su CBA (en el período analizado).
En este panorama -describe la investigación-, los programas alimentarios existentes aparecen como herramientas valiosas pero muy fragmentadas. El Plan AlimentAr, que originalmente tenía carácter alimentario, hoy funciona como una transferencia general sin foco nutricional. Los comedores escolares y comunitarios siguen operando como espacios clave de contención, pero arrastran deficiencias en infraestructura, provisión, gestión y calidad de sus menúes. Y políticas como el Apoyo Alimentario 1000 Días, destinado a niñas y niños menores de tres años, no garantizan que los fondos se traduzcan realmente en alimentos saludables.
Además, se señala el retroceso que implicó la discontinuidad del programa ProHuerta, históricamente valorado por su impulso a la producción local y comunitaria. “El enfoque fragmentado y compensatorio de las políticas alimentarias debe cambiar. Necesitamos una visión de conjunto, con foco en calidad nutricional y articulación entre sectores”, consignó el Lic. Sergio Britos.
En materia regulatoria, el informe también pone el foco en la implementación del Etiquetado Frontal de Alimentos. A casi dos años de su entrada en vigencia plena, el uso por parte de los consumidores es limitado. Aunque algo más del 50% se manifiestan dispuestos a usarlo , solo una parte modifica sus compras e incluso un 30% dice que seguiría comprando lo mismo. Aún no hay suficiente evidencia sobre el impacto en la dieta de la población.
Para que funcione mejor, dicen los especialistas, el etiquetado frontal debe ser acompañado por campañas educativas sostenidas, hoy ausentes. Además, otras disposiciones clave de la ley —como la promoción de alimentación saludable en escuelas— aún no se aplican plenamente o no se conoce su grado de implementación.
Otro eje abordado por el documento es la pérdida y desperdicio de alimentos. A pesar de los avances en diagnóstico y rescate de alimentos, las pérdidas en supermercados y el desperdicio en hogares siguen siendo importantes. Reducirlos no solo tendría un impacto positivo ambiental y económico, sino que también podría mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables.
Finalmente, el trabajo presentado llama a una transformación profunda del paradigma educativo. Las Guías Alimentarias para la Población Argentina, aunque técnicamente sólidas, tienen escaso alcance real por la falta de implementación en políticas públicas. Para que sean efectivas, deben ser actualizadas, comunicadas en lenguaje claro, adaptadas a diversas poblaciones y vinculadas con acciones concretas en escuelas, hogares, mercados y espacios comunitarios.
“La educación es fundamental, pero no alcanza con decirle a la gente qué debe comer si no tiene los medios para hacerlo. Hay que enseñar, sí, pero también garantizar que lo aprendido se pueda poner en práctica”, concluyó el Lic. Britos.