Tras conocerse la denuncia realizada días atrás por el abogado Fernando Herrera en representación de la Asociación Centro Inmobiliario Marplatense ante la oficina municipal de  Defensa al Consumidor por uso engañoso de publicidad y uso ilegal de franquicias en el mercado inmobiliario, la presidenta del Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, Vilma Baragiola presentó hoy un proyecto de ordenanza que busca “prohibir la habilitación municipal de oficinas inmobiliarias, bajo el nombre de fantasía o en representación de franquicias, licencias o marcas”.

 “Venimos manteniendo reuniones con Martilleros y diversas asociaciones que los nuclean, quienes nos han planteado su preocupación ante el desembarco en nuestra ciudad de distintas franquicias internacionales que ofrecen servicios de intermediación inmobiliaria, permitiendo que personas que en algunos casos no reúnen los requisitos legales generen una «competencia desleal«,  operando bajo un sistema que, promueve inmobiliarias sin empleados propios, utilizando a los matriculados como ´presta nombres´ y alentando la multiplicación de ´brokers´ a través de cursos dictados por la misma compañía”, fundamentó Baragiola.

“A ello se suma la situación de riesgo e inseguridad patrimonial a la que se ven sometidas las personas que, desconociendo tal situación, intervienen en negocios inmobiliarios llevados a cabo a través de dichas firmas, en la creencia que están siendo atendidos y asesorados por personas que se encuentran legalmente habilitadas para el ejercicio profesional”, resaltó la edil.

Cabe destacar que según la normativa vigente, para ejercer la profesión de Martillero y Corredor Público en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se requiere poseer título Universitario de Martillero y Corredor Público, y estar Inscripto en alguno de los colegios Departamentales donde el mismo tiene denunciado su domicilio legal, a los efectos del desarrollo de su actividad.

Para finalizar, Vilma explicó que en los últimos años, se han instalado distintas franquicias que ofrecen servicios de intermediación inmobiliaria, difundiendo publicidad engañosa, permitiendo que personas que no reúnen los requisitos legales, ejerzan la profesión afectando los intereses de los martilleros y corredores, debidamente matriculados, quienes cumplen con las distintas obligaciones necesarias para mantener la vigencia de la matricula, además de realizar aportes jubilatorios a la Caja profesional respectiva”.


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