La confirmación surge desde el seno de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) tras un encuentro del que participó junto a las cámaras y empresas más importantes del conglomerado pesquero nacional.
Ante el conflicto con los gremios que mantiene paralizada a la flota tangonera congeladora, las industrias buscarán cerrar un inminente acuerdo con Ecuador para poder cumplir con los compromisos de exportación programados para fin de mes. La decisión pone en riesgo la continuidad de más de 20.000 puestos de trabajo.
Allí se anunció que en los próximos días se celebraría una reunión entre las máximas autoridades del sector pesquero nacional y Diana Salazar Méndez, la flamante Embajadora de Ecuador en Argentina, quien asumió su cargo oficialmente el pasado 21 de mayo.
En ese marco, se buscará sellar el acuerdo para la importación de unas 80.000 toneladas de langostino vannamei, cultivado mediante la acuicultura intensiva ecuatoriana, con la intención de garantizar las exportaciones comprometidas hacia grandes mercados como España, China, Francia, Portugal e Italia.
Se trata de un convenio sin precedentes, dado que cuadriplicaría en una sola adquisición el total de las importaciones anuales que acostumbra celebrar Argentina con ese país.
Según datos oficiales de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, nuestro país importó en todo 2024 un total de 20.887 toneladas de productos pesqueros desde Ecuador.
La crítica situación entre los gremios y la industria se originó luego de que, semanas atrás, las cámaras pesqueras solicitaran rebajar un 30% el ítem salarial por producción de los marineros. Las empresas plantean que el convenio colectivo de trabajo que regula la
actividad es de 2005 y establece, además del básico, un bono por productividad anclado en el precio internacional del langostino de aquella época, cuando era de U$S12 el kilo.
Los industriales plantean que ahora el kilo bajó un 60 %, mientras que la tripulación
continúa cobrando como antes, lo cual hace que la actividad sea inviable.
Mientras los gremios no atenúan su postura de no aceptar ninguna rebaja salarial, y las empresas exhiben los números que marcan los costos exacerbados para poder operar, las
empresas agrupadas adelantaron que “la iniciativa surge como una alternativa al conflicto, dado que actualmente salir a pescar arroja una clara rentabilidad negativa en un contexto en el que el precio internacional del langostino entero cayó un 2,8% a nivel interanual y las
colas, un 5,6%”.
“El trabajo extractivo en Argentina cuesta USD 6.50 por cada kilogramo, mientras que se vende a USD 5.50, con una pérdida de USD 1,00 por cada kilo exportado. En tanto, la exportación de Vannamei permite su compra a USD 4,00, invirtiendo la balanza en saldo positivo y recuperando parte de la rentabilidad perdida”, explicaron en el encuentro del que participó la FULASP.
En esa misma línea, los empresarios resaltan que “todos los costos internos continúan en ascenso” y que “la falta de acuerdo con los sindicatos pone en riesgo la continuidad de las operaciones locales, empujando a las compañías a depender de proveedores extranjeros para sostener sus contratos internacionales”.
Por su parte, finalmente, Raúl Cereseto: Presidente de la FULASP, consideró “que la situación es muy grave para la cadena productiva de la pesca argentina” y manifestó su profunda preocupación “sobretodo en el rubro de los pescadores”, porque considera que “el hecho de que las grandes compañías empiecen a importar productos pesqueros y la posibilidad de que lo sostengan en el tiempo, sería un verdadero golpe de gracia para la
actividad extractiva nacional, condenando al desempleo a más de veinte mil trabajadores vinculados».