Luego de dos reuniones con el presidente del Honorable Concejo Deliberante Ariel Martínez Bordaisco, los defensores del Pueblo de General Pueyrredon aseguraron que «el proceso de vaciamiento» de ese organismo continúa firme.
La reducción en 30% del presupuesto de la repartición previsto para 2021 «nos lleva a los Defensores Fernando Rizzi y Daniel Barragán a comunicar que en caso de insistir el presidente del HCD y el gobierno municipal en este ajuste la Defensoría no podrá mantener su funcionamiento«, advirtieron.
En ese sentido, los defensores precisaron que aún no han sido designados los reemplazos de las vacantes financiadas que han bajado la dotación de seis a cuatro trabajadores y desde presidencia se ofreció a la Defensoría una devolución del 4,5% para todo el año.
«Con este dinero no se podrían continuar con el trabajo habitual y necesario. No se podrán comprar útiles de trabajo, insumos, mantener pagos los servicios ni hacer limpieza y mantenimiento de nuestra sede», señalaron.
«Los Defensores expresamos nuestra enorme preocupación. Veríamos con enorme desagrado que se esté debilitando la Defensoría para impedir nuestro accionar y que sea inhabilitada la única institución en el partido de General Pueyrredon que tiene la función republicana de controlar los servicios que debe prestar el poder ejecutivo para favorecer el ejercicio de los derechos de marplatenses y batanenses», añadieron.
Ante el enorme recorte de presupuesto, observando que otras áreas han tenido importantes incrementos en los suyos, «creemos que el gobierno municipal y el presidente del Honorable Concejo Deliberante tienen la responsabilidad de garantizar lo que hasta el 30 de junio de 2020 fue el normal funcionamiento».
Finalmente, recordaron que las Defensorías del Pueblo fueron creadas por la Constitución Nacional de 1994, reafirmadas en la Constitución provincial y por la Ordenanza Municipal 13663. «Existen en todo el país. El gobierno municipal será el responsable de la mutilación de nuestra Defensoría», sentenciaron.