Por: Roberto Garrone
Esta semana la Cámara de Diputados aprobó y le dio media sanción al proyecto de ley por el cual se crea el Área Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, una vasta zona de más de 148 mil kilómetros cuadrados por fuera de las 200 millas de nuestra zona económica exclusiva.
Una zona de protección del suelo, de la plataforma, no de la columna de agua, que fue “vendido” a la opinión pública por el oficialismo como un tributo a los restos del Submarino “ARA San Juan” y sus 44 tripulantes pero que en realidad nadie sabe qué recursos bentónicos protege porque no hay estudios científicos en el área y, vaya paradoja, complica el desarrollo de la pesca nacional, no frena la pesca ilegal y le abre la puerta a la presencia de potencias extranjeras con intereses geopolíticos en el Atlántico Sur para colarse desde la ventana del cuidado medioambiental.
La media sanción dejó al descubierto el apuro de Gabriela Caamaño, la autora de la iniciativa, por su aprobación. El proyecto había sido discutido el año pasado pero no tuvo dictamen y perdió estado parlamentario el 28 de febrero tras el recambio de autoridades el pasado 10 de diciembre.
También había sido incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias hecho por el Poder Ejecutivo para febrero, pero la falta de reuniones de comisión y de sesiones frustraron su debate. Las urgencias de Caamaño hicieron que lo vuelva a presentar solo en la Comisión de Legislación, lo que provocó la queja de la oposición.
Más allá que desaparecieron del proyecto original, quizás el apuro sea para responder a las dos entidades ambientalistas estadounidenses que impulsaban la creación del área marina protegida. Una de ellas, Wildlife Conservation Society (WCS) ponderó la aprobación desde la cuenta de twitter de su sede en Argentina.
No fue lo único que quedó en el camino entre el borrador y el proyecto aprobado. El área a “proteger” eran 160 mil km2, pero se redujo para atender a la exploración y explotación petrolera off shore. Más claro, agua. Otra vez se legisla, con la pantalla de la defensa de la soberanía y la protección simbólica del ARA San Juan, en favor de intereses extranjeros.
Mientras el país atraviesa una profunda crisis política, una inflación que se codea con la hiper y una flamante ministra de Economía que con sus primeras declaraciones colisiona con la posibilidad que el oficialismo mantenga el poder el año que viene, en Diputados se empeñan en aprobar un proyecto que no le cambia la vida a los argentinos y que ni siquiera consultaron a la industria pesquera.
Al Frente de Todos no le importó nada. Incluso Sergio Massa –con fluidos vínculos en la Embajada de USA- fue denunciado por legisladores de la oposición por no cumplir con el reglamento pues la iniciativa había sido girada solo a la Comisión de Legislación General, donde tienen mayoría.
En el inicio del debate, Camaño aseveró: “Elegimos la protección del área por dos motivos: el primero es la presencia del ARA San Juan y sus 44 tripulantes; y el segundo es la protección de la biodiversidad de nuestros mares”.
Pero lo del Submarino es un gran argumento demagógico. Alcanzaba con declararlo Monumento Nacional Marino, tal cual lo prevé la ley 27.037 de Medioambiente y preservar un par de millas. No 148 mil km2.
Entre los discursos de otros bloques, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal-Juntos por el Cambio) dijo que “esta iniciativa tiene razones y fines legales; entre ellos los conservacionistas, evitar la sobreexplotación pesquera sin controles”.
Que alguien le avise a Margarita que el AMP tiene injerencia en la plataforma y no en la columna de agua. La flota extranjera que saquea nuestros recursos seguirá haciéndolo sin problemas.
Y lo de la biodiversidad es todo un cuento. Nadie sabe exactamente qué recursos o riqueza hay en la plataforma por una sencilla razón: nadie investigó ni evaluó el área. Lo denunció la propia industria pesquera: La creación de las AMP se determinan luego de realizar estudios científicos y campañas de investigación. Acá primero se crean y luego se proyecta investigar.
Pero desde el INIDEP ya han advertido que no cuentan con recursos para lograr esos objetivos. Y si a nuestras fuerzas de seguridad marítima les cuesta mucho conseguir combustible para patrullar la zona económica exclusiva, es utópico pensar que pueden ejercer control sobre esta área adyacente.
“Es una ley de cajón, no tendrá efecto práctico más que entorpecer a la flota nacional que tiene permisos de pesca de gran altura y el proyecto contempla la no renovación cuando estos finalicen su vigencia”, resumió
Cesar Lerena, analista pesquero en el programa “Desde el Muelle” (FM90.7) esta semana. “Mientras sufrimos una presión pesquera ilegal de recursos migratorios argentinos con embarcaciones extranjeras subencionadas en la milla 201, la flota nacional dejará de pescar en esa zona”, expuso Lerena.
“Protegiendo” una vasta zona marítima de la que no se sabe cuál es su riqueza, no hay presupuesto ni recursos para investigar ni controlar, no faltarán países extranjeros interesados en ofrecer sus servicios y quedar amparados para mantener una presencia permanente en esta zona.