El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, apuntó contra la decisión del gobierno de disolver la oficina de litigios dentro de la Oficina Anticorrupción y dejar de participar como querellante en causas contra funcionarios y exfuncionarios.
«El gobierno justifica esta medida diciendo que la Oficina Anticorrupción en el gobierno anterior estaba muy enfocada en un rol acusatorio, pero eso es lo que debe ser. Es inadmisible que la Oficina deje de ser querellante en las causas que tienen relevancia institucional, patrimonial y social. Y, además, no puede hacerlo, porque así lo mandan las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, que exigen un organismo especializado, y la propia normativa de creación de la Oficina”, explicó Abad.
“Medidas como estas ponen en cuestionamiento una política de Estado que es la de la lucha contra la corrupción disponiendo de todos los recursos que se tuvieran al alcance para combatirla: ese debe ser el compromiso del Poder Ejecutivo contra la corrupción. Pero ahora desertan de ejercer una parte importante de esa lucha, que es el castigo del delito”, agregó.
“Pareciera ser que la decisión de este gobierno de abandonar las causas en las que la Oficina debería tener un rol activo en la búsqueda de la verdad es una medida por la impunidad. Esto no es un hecho aislado, si tomamos en cuenta la envestida que hay sobre la Procuración, sobre la que están pretendiendo avanzar, y que a partir de este cambio quedaría como el único decisor sobre iniciar e investigar causas de corrupción”, dijo.
El legislador marplatense destacó que la cuestión de fondo “es que el gobierno quiere desarticular las investigaciones en su contra, algo que fue un avance institucional enorme del Estado Argentino que decidió la creación de un organismo específico para ir a fondo contra los delitos de corrupción. Hay 28 causas que involucran a personas cercanas al gobierno, por eso vuelven a llevarse por delante a las instituciones del Estado.”
Finalmente, Abad concluyó: “Es posible que haya que repensar algunos aspectos de las funciones, roles y acciones de la Oficina Anticorrupción, lo que no se puede admitir es que se retire como querellante de las causas de corrupción con relevancia institucional, y que renuncie a su compromiso con la búsqueda de la verdad en las causas en las que se vio afectado el Estado argentino, cuyos intereses están por encima de cualquier gobierno”.