La concejal Vilma Baragiola presentó un proyecto de resolución y comunicación ante el Honorable Concejo Deliberante en el cual expresa su profunda preocupación por la crítica situación que atraviesa el sistema de transporte para personas con discapacidad en el ámbito del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).
La iniciativa surge a partir de un planteo realizado por la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad del Partido de General Pueyrredon, que advierte sobre un marcado deterioro en el funcionamiento del sistema de prestaciones vinculadas al traslado de pacientes.
Entre los principales problemas señalados se destacan la falta de emisión generalizada de autorizaciones correspondientes al año 2026, demoras e incumplimientos en los pagos por servicios ya prestados, e incluso deudas pendientes del año 2025.
Según se detalla en el proyecto, esta situación coloca a los prestadores en un escenario de extrema gravedad, dificultando la continuidad del servicio y poniendo en riesgo su sostenibilidad.
Como consecuencia directa, numerosas personas con discapacidad ven afectado su acceso al transporte necesario para asistir a tratamientos médicos, terapias, instituciones educativas y centros de día, lo que implica una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la salud, la inclusión y la calidad de vida.
“Estamos frente a una situación muy delicada. No se trata solo de un problema administrativo, sino de personas que no pueden llegar a sus tratamientos o a la escuela. El Estado no puede mirar para otro lado cuando se vulneran derechos tan básicos”, expresó la edil.
En ese sentido, la concejal radical agregó: “Es urgente que la Provincia y IOMA den respuestas concretas, regularicen los pagos y garanticen la continuidad del servicio. No podemos permitir que quienes más lo necesitan queden a la deriva”.
En este marco, el proyecto solicita al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que informe con urgencia sobre el estado de las autorizaciones, las deudas existentes, los plazos de regularización de pagos y las medidas previstas para garantizar la continuidad del servicio.
Asimismo, se insta a las autoridades competentes a arbitrar los medios necesarios para asegurar el acceso efectivo a estas prestaciones, evitando la interrupción de tratamientos y actividades esenciales.