En los últimos meses, la ciudad de Mar del Plata ha sido testigo de una profunda crisis en la atención de salud que presta IOSFA, la obra social que no solo atiende al sector militar de todo el país, sino también a un significativo número de trabajadores y trabajadoras civiles. La situación afecta gravemente a más de 19.000 afiliados de Mar del Plata y la zona, quienes hoy ven seriamente comprometido su derecho a la salud.
Esta situación no es exclusiva de esta ciudad: los cortes de servicios de IOSFA se están viviendo a lo largo de todo el país.
La crisis es generalizada y creciente, con numerosos centros de salud y farmacias convenidas en todo el territorio nacional suspendiendo la atención por la falta de pagos e incumplimientos de la obra social.
En Mar del Plata, la situación se agrava aún más: el único centro de salud habilitado para los afiliados, el Hospital Privado de Comunidad (HPC), también interrumpió completamente sus servicios debido al incumplimiento en los pagos por parte de IOSFA, dejando completamente desprotegidos a miles de afiliados, afectando gravemente su salud y su calidad de vida.
«Este escenario de corte de prestaciones tiene su raíz en el grave desfinanciamiento que sufre IOSFA, producto directo de los salarios de pobreza y paritarias miserables que vienen afectando a los trabajadores y trabajadoras del Estado. Con ingresos deteriorados, los aportes que sustentan a la obra social se ven fuertemente reducidos, generando un círculo vicioso de caída de ingresos, falta de pagos a prestadores y pérdida de servicios para los afiliados», denunciaron desde ATE.
El reclamo gremial: salarios dignos para una obra social viable
Desde ATE Mar del Plata, denunciaron esta grave situación y exigen:
• La restitución inmediata de las prestaciones médicas en el HPC y farmacias convenidas.
• La regularización urgente de los pagos a todos los prestadores de salud.
• Paritarias dignas que permitan recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y asegurar el financiamiento del sistema de salud.
• El fin del vaciamiento de IOSFA, que pone en riesgo la salud de más de 19.000 personas solo en nuestra ciudad y alrrededores, y a miles en todo el país.
«No se puede seguir mirando para otro lado mientras se vulnera un derecho esencial como es el acceso a la salud. La responsabilidad de esta crisis es política y estructural, y debe ser abordada de forma urgente por las autoridades del organismo, del Estado nacional y de todas las instancias que corresponda», finalizaron.