Con la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el régimen migratorio, el Gobierno nacional habilitó a las universidades públicas del país a establecer aranceles para estudiantes con residencia temporaria. La medida forma parte de una serie de disposiciones que apuntan a restringir beneficios estatales para personas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país.
El texto difundido por la Oficina del Presidente aclara que esta facultad será optativa para cada casa de estudios y que se mantendrá la gratuidad en los niveles primario y secundario para todos los residentes, sin distinción de nacionalidad. Quienes acrediten residencia permanente, seguirán accediendo a la universidad de manera gratuita, como lo establece el artículo 20 de la Constitución Nacional.
Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida busca “garantizar la sostenibilidad del sistema educativo” y evitar que los servicios financiados por los contribuyentes argentinos sean utilizados sin contraprestación por quienes no han regularizado su situación migratoria.
Este cambio se suma a otras reformas incluidas en el decreto, como la exigencia de pago en el sistema público de salud para extranjeros sin residencia permanente, la obligatoriedad de contar con seguro médico para ingresar al país y la deportación inmediata de personas condenadas por delitos cometidos en territorio argentino.