Por: Giuliano Falconnat – Consultor en Pesca. Consejero Directivo UTN Mar del Plata. Ex Presidente Federación Universitaria Tecnológica

Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, la Industria Pesquera ha sido catalogada como unos de sus principales enemigos. La primera demostración de esto surgió con el texto original de Ley ómnibus, elaborado por Federico Sturzenegger, hoy “super Ministro” de la Nación. Dicho texto contenía un capítulo entero dedicado a la desregulación del sector pesquero, con caóticas propuestas como la licitación de cuotas de captura permitiendo el ingreso de buques extranjeros, entre otras.

Si bien fue posible, gracias al esfuerzo de empresarios, gremios, organismos, profesionales y referentes políticos de la oposición, desestimar por completo ese capítulo, todo el 2024 el sector padeció un proceso de recesión económica y se vio envuelto en un halo de incertidumbre por la renovación de cuotas, las cuales fueron extendidas por otros 15 años recién a finales del mes de diciembre.

Lamentablemente, el 2025 no parece ser la excepción. El nuevo año ha comenzado con pésimos augurios de cara al futuro de la Pesca en Argentina. En primer lugar, siendo una Industria que exporta cerca del 90% de lo que produce, es golpeada de lleno por el atraso en el tipo de cambio, el cual sumado a una caída en los precios internacionales hace imposible costear las etapas de proceso en tierra porque exprimió al mínimo los márgenes de rentabilidad.

Si tenemos en cuenta que un filet de merluza se exporta a razón de 3 dólares por kilo (poco más de $3.000 al dólar oficial) para lograr llegar a esos valores el precio del pescado entero sufrió rebajas hasta los $600 / $700 por kg, sumas por demás insuficientes para que los barcos puedan afrontar los brutales aumentos en el combustible, los costos operativos y las tasas administrativas (por ejemplo tarifas de amarre, carga y descarga en Puertos y los Derechos Únicos de Extracción, los cuales el Consejo Federal Pesquero incrementó en 80% para el langostino, 175% para la merluza y 510% para el calamar, respectivamente), lo cual no solo ocasiona menor operatoria en buques fresqueros sino que se traslada directamente en fábricas con menor actividad llegando al cierre de importantes frigoríficos como está sucediendo en Mar del Plata.

Otro aspecto negativo, quizás con menor injerencia pero del cual nadie habla, tiene que ver con la restitución del Impuesto a las ganancias. El personal embarcado, que en 2023 se había visto aliviado por la quita del Impuesto a las ganancias establecida por Sergio Massa, volvió a pagar en 2024 con la restitución plena por parte del Gobierno Nacional. Esa deducción en los recibos de sueldo genera un reclamo genuino a la hora de discutir salarios pero se combina de manera negativa la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los trabajadores con la pérdida de rentabilidad de las empresas y tampoco puede resolverse en lo inmediato.

Como si fuera poco, recientemente el Gobierno anunció una importante disminución en las retenciones a las exportaciones de los principales commodities del campo (por ejemplo, la soja pasó de abonar el 33% al 26% y el maíz del 12% al 9,5%) siempre y cuando los productores liquiden el 95% de las divisas en el plazo de 15 días desde la DDJJ de venta, lo cual pone en evidencia la preocupación por hacerse de dólares para sostener la macroeconomía estable y el riesgo de una inminente devaluación.

Lamentablemente, la Pesca ha quedado fuera de esta medida, y conserva los valores de alícuota vigentes desde 2024. Aquí hay una cabal demostración de desconocimiento por parte de la Política en líneas generales, que sigue tratando a la Pesca como una actividad netamente extractiva, cuando debiese ser vista como una pieza fundamental de la industria alimenticia.

Ahora bien, ¿Quiénes se benefician en medio de este lío? Los mismos de siempre, quienes especulan. Los importadores, intermediarios, los buques extranjeros que depredan en inmediaciones de nuestra Zona Económica Exclusiva, etc. Milei, Caputo y Sturzenegger protagonizan un equipo diseñado para destruir las cadenas de valor y las economías regionales, buscan poner en jaque, en primer lugar, a los sectores que procesan pescado en tierra para instalar que no pueden ser rentables y que por ello hay que enfocarse en los buques que congelan a bordo. Si esto sucede, habrá “materia prima disponible” y sobre ello querrán sustentar un incremento en el esfuerzo pesquero (como sucedió en los ´90 sobreexplotando la merluza hubbsi casi al punto de destruir el caladero) extendiendo nuevos permisos de pesca o, peor aún, permitiendo el ingreso de barcos extranjeros, retomando la idea original que “Sturze” incluyó en el texto de la Ley Ómnibus.

Luego de llevar a cabo este análisis pormenorizado de las cuestiones que afectan el normal desarrollo de la actividad pesquera, resulta interesante enunciar algunas medidas que, creemos, podrían aliviar la situación y devolverle competitividad a un sector que supone 50.000 empleos directos, 800 mil toneladas de capturas y 2 mil millones de dólares al año en exportaciones.

1-En primer lugar, el sector debe recuperar una postura homogénea, entender que aquí no sobra nadie. No se puede permitir que aquellos que procesan a bordo se froten las manos pensando que si los fresqueros se funden ellos podrán acceder a ese pescado. La Pesca es una cadena de valor, una matriz productiva compleja donde muchas cosas pueden mejorarse pero ningún eslabón es prescindible.

2-Tanto empresarios como gremios deben encontrar nexos que oficien como operadores del sector, construir un lobby pesquero como tienen otros sectores productivos que sea capaz de defender los intereses de la mayoría y preservar los puestos de trabajo.

3-Establecer retenciones cero para aquellos productos que se elaboren en tierra, promoviendo la mano de obra y fomentando que los barcos fresqueros sigan operando a pesar de los costos actuales.

4-Incluir a los productos derivados de la pesca en el régimen de alícuota diferencial del IVA, estipulando el 10,5% en todos las especies y presentaciones.

5-Exigir al Consejo Federal Pesquero que retrotraiga el incremento de los Derechos Únicos de Extracción, los cuales en ningún caso podrán aumentar por encima del ICL.

6-Promover la desburocratización del sector. Actualmente para que un buque salga a pescar se deben completar cerca de 140 trámites, notas y solicitudes tanto físicas como digitales, muchas de las cuales pueden ser unificadas ya que Municipios, Provincias y Nación piden la misma información.

7-Trato diferencial para las empresas que se radican en nuestro País y que exportan a su país de origen, como sucede preferentemente con China. Esto genera una desleal competencia respecto a las empresas de capital Nacional que deben abonar aranceles para ingresar a esos mercados.

8-Estipular aranceles de importación a productos derivados de la Pesca que dupliquen las retenciones que se aplican a nuestros productos, esto disminuye la asimetría entre los precios de países con mano de obra barata y pone en valor la producción Nacional.

9-Exigir la quita de Impuesto a las ganancias en todos los rubros, el salario NO es ganancia.

10-Proponer el cambio de Organigrama tanto a nivel Nacional como en las Provincias con intereses marítimos para que la Pesca dependa de las carteras de Producción y no de los áreas de Agricultura y Ganadería, consolidando una visión global del sector y desterrando la imagen de actividad primaria netamente extractiva.

Queda en todos nosotros lograr que la Argentina deje de vivir de espaldas al Mar y seamos capaces de consolidar una Industria Pesquera que vuelva a ser motivo de orgullo Nacional.


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