La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la Argentina entregar la información solicitada por los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, que el país perdió en primera instancia en el proceso llevado a cabo en Estados Unidos. El pedido incluye datos sobre la ubicación del oro argentino que está en las reservas del Banco Central.
El diputado provincial de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, señaló: «No estábamos equivocados cuando denunciamos, incluso ante la justicia penal, los riesgos que se corrían», al volver a advertir sobre las consecuencias del traslado de las reservas de oro al exterior, una decisión tomada a mediados de 2024 por el Gobierno Nacional.
«Denunciamos oportunamente la ilegalidad de trasladar, ocultando información , el oro al extranjero y los graves riesgos que esta decisión implicaba», subrayó Pulti. «Hoy, el peligro de que las reservas metálicas de los argentinos sean embargadas es real. La decisión que tomó el Presidente Milei, junto con el Ministro Caputo y el titular del BCRA, Bausili, tiene consecuencias que deben asumir.»
El legislador recordó que en julio de 2024 presentó una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se investigue la posible comisión de delitos como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. «Desde el inicio cuestionamos la falta de transparencia en esta operación. Ocultaros y ocultan información crítica. No se sabe cuánto ni a dónde lo mandaron. Dijo Pulti. Pero ya sabemos que Preska lo busca para embargarlo continuó. Las solicitudes de información al Banco Central fueron negadas dos veces, y no se conoce ninguna disposición administrativa que respalde esta decisión.»
«Ahora es la justicia estadounidense la que, aunque con otros intereses, comienza a confirmar que nuestras advertencias no estaban equivocadas», afirmó Pulti.
El legislador reiteró que el Presidente Milei, el Ministro de Economía Luis Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili deben hacerse responsables de las consecuencias de sus decisiones, que comprometen activos estratégicos esenciales para la Nación. “Mientras tanto, seguimos aguardando que la justicia local avance en la investigación sobre esta operación, que representa un ataque directo al patrimonio de los argentinos”, concluyó.