La Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA) volvió a expresar su total oposición al proyecto de modificación de la Ley Federal de Pesca, tras conocerse que en el nuevo borrador de la Ley de Bases, no se quitaron todos los artículos.
Mediante un comunicado, el sector empresario recordaron que, al igual que todas las entidades empresarias representantes de la Industria Pesquera y de la Industria Naval, como así también todas las entidades gremiales que tienen participación en el sector, manifestaron su total desaprobación a las modificaciones que se presentan en los Arts. 242 a 253, referidos a la actividad pesquera, porque consideran que con ese proyecto se estaba destruyendo algo que hasta la fecha, venía funcionando sin inconveniente alguno y que no era cuestionado por ninguno de los operadores del sector.
En el borrador con los cambios que el gobierno nacional entregó a los legisladores, se modificaron algunos aspectos de la reforma a la ley de Pesca, pero se mantiene el otorgamiento de cuotas a través de una licitación nacional
«Con ese proyecto, se intenta modificar la LEY FEDERAL DE PESCA y, entre otras cuestiones, la forma de otorgamiento de las cuotas de captura para los permisos pesqueros, proponiendo que esas cuotas se liciten al mejor postor, dejando de lado el sistema de la Ley Federal en virtud del cual el Consejo Federal Pesquero otorgaba esas cuotas ponderando los permisos de las empresas, su historia de pesca en el caladero, las inversiones realizadas por las mismas, las exportaciones que había efectuado en todos los mercados del mundo, el nivel de ocupación de mano de obra argentina y los productos elaborados», señalaron.
«Es decir que la historia y el mérito se reemplaza por la licitación al mejor postor, sin tener en cuenta las consecuencias que esas licitaciones pueden tener para las empresas que actualmente desarrollan esa actividad y sobre todo, para el personal de las empresas que puedan perder la cuota con motivo de una licitación, pero también para el caladero, ya que se establece la aplicación de un sistema de licitación, sin que se exijan al oferente, garantías por incumplimientos a la legislación pesquera que pueda producir», continuaron.
Además, indicaron que se modifican las facultades de la autoridad de aplicación y del Consejo Federal Pesquero con una redacción que solo sirve para que ni la autoridad de aplicación ni el Consejo Federal Pesquero tengan en claro el ámbito de sus competencias.
Desde CAIPA recordaron que en estaa últimas semanas, las distintas entidades representativas del sector hicieron conocer su opinión de oposición al proyecto, dando los argumentos que tienen para rechazar cada uno de los artículos del proyecto.
Con motivo de esa campaña, el resultado obtenido fue un rechazo unánime de toda la ciudadanía al proyecto presentado.
«Pero además, se logró, por la tarea de esclarecimiento realizada, que la gran mayoría de los senadores y diputados de la Nación hicieran saber que también consideraban que el proyecto no era conveniente y que, solo con su presentación, se había causado un daño irreparable a una actividad que no era cuestionada y que demostraba, compitiendo por si sola y sin ayuda del Estado en todos los mercados del mundo, que se había convertido en uno de los más importantes complejos exportadores de nuestro país», indicaron.
Ante lo señalado, la Cámara remarcó que «el resultado de las gestiones realizadas fue la promesa de que no se iba a permitir que ese proyecto pudiera concretarse, por las consecuencias que su sanción podría originar».
En esa situación, ante la proximidad del tratamiento del proyecto en el Congreso de la Nación, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina vuelve a reiterar que es necesario que se ELIMINE del proyecto de ley, el Capitulo 8vo., Sección3, Arts., 242 a 253, por todas las razones que se han indicado.
Pero además, se solicita que si se abre el tratamiento de esas disposiciones, se RECHAZEN en su totalidad las mismas, ya que la modificación parcial de la Ley Federal de Pesca va a llevar a toda la industria pesquera y también a la industria naval a una situación de gravedad e inseguridad que pondrá en peligro la existencia de las empresas y el nivel de ocupación de su personal.
«Esperamos que se comprendan nuestras razones y no vernos defraudados por el incumplimiento de las promesas efectuadas por quienes, comprendiendo nuestras razones, se comprometieron en rechazar el proyecto presentado», sentenciaron.